- El avasallamiento de nuestras comunidades no debe ser la solución para atender el problema del robo de combustible. De manera irresponsable se determina arriesgar la vida de soldados y civiles inocentes
- Los gobiernos de Fox y Felipe Calderón a nivel federal y el de Rafael Moreno Valle a nivel local permitieron el incremento exponencial de esta actividad ilícita y no hicieron nada por prevenir y atender las causas sociales que sustentan su origen.
- El monstruoso y brutal asalto y ataque en la autopista sucedido el pasado 2 de mayo exhibe que la situación de inseguridad en el Estado de Puebla se está volviendo insostenible. La corrupción del gobierno estatal es una de las principales causas del incremento de la violencia criminal.
- Se debe hacer prevalecer el Estado de Derecho comenzando por apoyar a las víctimas de la violencia y no criminalizarlas. La ayuda debe incluir a las familias de los soldados.
Ante la alarmante escalada criminal que hemos presenciado en los últimos días es menester reflexionar y preguntarnos qué es lo que nos llevó a este punto en que la violencia en nuestro Estado se ha tornado insostenible.
Estamos seguros que, si la inmensa cantidad de recursos públicos que durante los últimos 7 años se han destinado a construir obras de poca funcionalidad y escaso beneficio social y que se han pagado con un sobrecosto de hasta 8 o 10 veces su valor, mejor se hubieran destinado a fomentar el desarrollo regional, no estaríamos lidiando con las consecuencias del incremento de las actividades ilícitas y criminales asociadas a la cultura del robo y venta de combustible mejor conocido como Huachicol.
El costo de la corrupción del sexenio de Moreno Valle puede estimarse en 25 mil millones de pesos (a razón de poco más de 4 mil 166 millones por año). Esos recursos pudieron ser destinados al desarrollo económico, al fomento y creación de cadenas productivas que generen los empleos dignos y bien remunerados que se necesitan en los 31 municipios que comprenden la región de Ciudad Serdán, donde se encuentra la franja del Huachicol. En cambio, parte de ese dinero se destinó a costear actos de dudosa legalidad como la publicidad proselitista de Rafael Moreno Valle a nivel nacional. Es así que la corrupción del gobierno estatal es una de las principales causas del incremento de la violencia criminal.
La otra causa es la ausencia de acciones preventivas oportunas. Por ejemplo, desde 2005 Vicente Fox estuvo obligado a realizar inversiones para implementar tecnología de punta orientada a detectar y prevenir el robo de combustible, así se lo ordeno el Congreso en la Ley de Ingresos de 2005 la cual incumplió. Por su parte Felipe Calderón fue advertido por el Grupo Directivo del Sistema de Gestión por Procesos de Pemex de la necesidad de programar inversiones específicas en tecnología para inhibir y prevenir el robo de combustible justo en el momento en que el país contaba con el mayor monto de ingresos petroleros de su historia y cuando las tomas clandestinas no eran más de 400 en todo el país. Pero hoy, de acuerdo a datos de Pemex logística, las tomas clandestinas pueden llegar a un número cercano a los 6,200 y en Puebla se concentra el 60 % de esas tomas.
Haber solicitado la intervención de 2 500 efectivos militares adicionales y permitir su irrupción al interior de las comunidades es un acto de enorme gravedad y torpeza, que responde a la desesperación, pero no a una estrategia planificada de combate al crimen. Nos parece muy alarmante esta decisión porque estamos ante el preludio que en Puebla se repliquen acontecimientos como los de Tlataya en el Estado de México o de Tanhuato en Michoacán.
De manera irresponsable se determina arriesgar la vida de soldados y civiles inocentes. Los lamentables hechos ocurridos en Palmarito Tochapan nos advierten que el Ejército tienen la instrucción de intimidar y avasallar a las comunidades y ésa, de ningún modo, puede ser una solución. Los efectivos militares deben estar allí para resguardar y vigilar los ductos, inhibir las extracciones clandestinas y detener en flagrancia a los delincuentes, pero no para irrumpir violentamente en nuestros pueblos. Se deben efectuar labores de inteligencia que desmantelen la red de información y protección con la que cuentan los huachicoleros por parte de la policía estatal y federal y también al interior de Pemex.
El gobierno del Estado debe hacer prevalecer el Estado de Derecho, por ejemplo, en el caso del monstruoso y brutal asalto y ataque a la familia Vázquez en la autopista México Puebla, lejos de brindar a esa familia la atención y apoyos institucionales y económicos a los que le obliga la Ley General de Víctimas, optó por criminalizar a la víctima induciendo la percepción de que se trató de una venganza entre huachicoleros lo cual resulta igual de monstruoso e inadmisible.
Finalmente, consideramos que si el gobierno del Estado ha sido el que ha solicitado los operativos del ejército debe ofrecer apoyo económico a las familias de los militares fallecidos al igual que a los deudos de los civiles inocentes que no tienen relación con los delitos relacionados con el Huachicol.
La responsabilidad de esta crisis es el resultado de la irresponsabilidad y corrupción de loa gobiernos del PAN.
