• La Comisión dejó sin efecto el Decreto de la LVII Legislatura en contra del Procedimiento Administrativo para sancionar el exedil por no comprobar los pliegos de cargos de su cuenta pública 2006
• La diputada Olga Lucía Romero se comprometió a trabajar con la ASE para que dejen de suceder este tipo de situaciones y lograr que la fiscalización sirva para proteger a la Hacienda Pública
• El diputado Javier Casique Zárate hizo un llamado para que en la revisión de las cuentas públicas se respeten en todo momento las garantías consagradas en la Carta Magna
Por unanimidad, la Comisión General
Inspectora de la Auditoria Superior del Estado aprobó el Dictamen para dar
cumplimiento al requerimiento judicial del Juzgado Cuarto de Distrito en
materia de Amparo Civil, Administrativo, de Trabajo y de Juicios Federales.
Durante su intervención, la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo explicó que
el dictamen fue elaborado en atención a un requerimiento judicial por medio del
cual se notificó la resolución a favor del expresidente municipal de
Zapotiltlán, en contra del Procedimiento Administrativo realizado en la LVII
Legislatura, para sancionarlo por no comprobar los pliegos de cargos dentro de
la cuenta pública 2006.
La diputada señaló que el pasado 21 de enero les fue notificado el acuerdo por
el que solicitan al Congreso dejar sin efecto el Decreto y reponerlo con uno
que reitere las consideraciones que no fueron objeto de estudio en el juicio.
La presidenta de la Comisión General Inspectora puntualizó que el hecho de
dejar sin efecto un Decreto de legislaturas pasadas para emitir uno que ampara
y protege al ciudadano que lo combatió judicialmente, es el resultado de
omisiones y negligencias de las pasadas legislaturas y de la pasada Auditoría
Superior del Estado.
La legisladora se comprometió a trabajar con la ASE para que dejen de suceder
este tipo de situaciones y lograr que la fiscalización superior en Puebla sirva
para proteger a la hacienda pública, en beneficio de las y los poblanos.
Durante la discusión de este Acuerdo, el diputado Javier Casique Zárate explicó
que se tiene que dar cumplimiento a la resolución emitida por el Segundo
Tribunal Colegiado, en el que se establece que la justicia ampara y protege al
quejoso, Mario Onésimo Fuentes Pacheco, por lo que se ordena dejar sin efecto
el dictamen de la LVII Legislatura.
El diputado hizo un llamado para que en la revisión de las cuentas públicas se
respete en todo momento las garantías consagradas en la Carta Magna.
Por otra parte, las y los integrantes de la Comisión General Inspectora dieron
cuenta de los asuntos en trámite, donde se dio a conocer que se recibieron
cinco denuncias y dos solicitudes de información, relacionadas con la
fiscalización de las cuentas públicas del ex presidente Municipal de Amozoc, la
petición de una auditoría al ISSSTEP, una carta respecto a presumibles hechos
de desvío de recursos en la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, así como
una solicitud de ex universitarios donde exponen los argumentos para la
realización de una auditoría a la BUAP, entre otros.
