Las violaciones de derechos humanos como la tortura, las desapariciones, los abusos contra personas en situación de movilidad, las violencias de género, las ejecuciones extrajudiciales, los ataques contra periodistas independientes y personas defensoras de derechos humanos, la carencia de medicamentos y servicios de salud adecuados, la ausencia de acciones proporcionales ante el cambio climático y los despojos de territorios, por mencionar algunas, continúan sucediendo al amparo de la corrupción, impunidad, opacidad y militarización de la seguridad del actual gobierno, sin una política clara y contundente que tome medidas para promover, proteger y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en cualquier ámbito de gobierno.
Aunado a ello, la crisis en México ante la pandemia por COVID-19 incrementó las desigualdades sociales, la discriminación estructural y la violencia generalizada en el país, ocasionando la vulnerabilidad sistemática al disfrute de los derechos humanos.
Un sistema democrático supone escenarios favorables para el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos dentro de nuestro país. En ese sentido, la participación de víctimas, sobrevivientes y de la sociedad civil ha sido indispensable para los avances normativos; la exigencia de justicia, verdad y reparación; y la propuesta de políticas públicas en pro de la recuperación y la reconstrucción de un mundo mejor, más resiliente, justo y sostenible.
Ante esta crisis de derechos humanos que implica importantes retos sociales e institucionales, reafirmamos nuestro compromiso como universidades confiadas a la Compañía de Jesús en México, de seguir trabajando para contribuir en la formación de mujeres y hombres comprometidos con su entorno para que actúen a favor de la igualdad y la justicia de las personas más desfavorecidas, así como de acompañar diferentes causas que sirvan para la transformación positiva de la realidad en que vivimos.
Con base en todo lo anterior, exhortamos a las autoridades de los distintos niveles de gobierno a:
1. Hacer efectivos los tratados, pactos y convenios que garantizan y protegen los derechos humanos en el ámbito de su competencia de toda persona en territorio mexicano sin ningún tipo de discriminación como lo señala nuestra Carta Magna, así como cumplir con las medidas necesarias para garantizar la justicia y el derecho de las víctimas a un juicio justo y reparación del daño que amerite su situación.
2. Cumplir con las recomendaciones y decisiones emitidas por órganos internacionales de protección de derechos humanos, que servirían para que se adopten políticas públicas preventivas y garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos.
3. Fortalecer genuinamente a los órganos autónomos de derechos humanos, a fin de que cumplan con su mandato de protección de los mismos.
4. Adoptar programas de capacitación, fortalecimiento y profesionalización permanente a servidores públicos de las instituciones encargadas de la investigación, atención, sanción y garantías de no repetición en los casos de violaciones a derechos humanos.
5. Reconocer de manera pública la labor y contribución de periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos a la vida democrática del país, así como adoptar medidas de protección y garantías para la realización de su trabajo.
Atentamente,
Área de incidencia, Universidad Iberoamericana Tijuana Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, SJ” del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, Universidad Iberoamericana Puebla Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana Ciudad de México Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Universidad Iberoamericana Torreón Tecnológico Universitario del Valle de Chalco
