El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla hace un llamado a las autoridades del Gobierno del Estado de Puebla a no minimizar, ignorar o negar el contexto de impunidad tras los feminicidios, la necesidad de atención humanitaria digna a personas migrantes y el encarcelamiento de presos políticos en el Estado. La negación o minimización de las violaciones a derechos humanos manda un mensaje de tolerancia estatal que fomenta la repetición y agravamiento de las mismas.
Con respecto a la impunidad de los agresores de la violencia feminicida [1], de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla, entre 2019 y 2021[2], se han abierto 126 carpetas de investigación por el delito de feminicidio. Mientras que, en el mismo periodo, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) del IDHIE, ha registrado 173 probables feminicidios. No todas las muertes violentas contra las mujeres se investigan como feminicidio lo cual refiere un subregistro de los casos que fuentes oficiales tienen con respecto a los casos en donde se observan razones de género.
Tomando en consideración las cifras oficiales, únicamente el 19% [3] han concluido en sentencias condenatorias (24) lo que significa que el 81% de los casos aún no son esclarecidos y sancionados.
Con relación al tránsito irregular por la entidad y el retorno forzado de personas migrantes oriundas de Puebla, los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración[4] de enero a octubre 2021 ya se posicionan como los más altos en una década, registrándose más de 4,600 eventos de detención migratoria en Puebla que deben ser visibilizados y atendidos dignamente por autoridades federales y estatales, pues justamente el IDHIE ha documentado en monitoreos semanales condiciones de hacinamiento, insalubridad, incertidumbre jurídica, casos de tortura psicológica y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, resultan preocupantes los más de 13,600 eventos de repatriaciones de personas poblanas que generalmente ocurren en condiciones de alta vulnerabilidad e invisibilidad al acontecer o ser más evidentes en estados fronterizos del norte o afectar a comunidades en municipios y localidades más rurales, remotas o marginales al interior de Puebla.
Por otro lado, en los últimos años se ha documentado por organizaciones nacionales e internacionales, la detención de personas cuyo trabajo por la defensa de los derechos humanos ha motivado su privación de la libertad. Entre ellas, la detención de Miguel López Vega, defensor del agua y del territorio, quien fue encarcelado del 23 al 29 de enero de 2020[5], así como de Anastasio González Sanguinez, Eruviel Aguilar Gómez y Basilisa Montaño Gutiérrez [6], integrantes del movimiento Unidad por Coyomeapan, encarcelados desde el 2 de septiembre de este año. En estos casos, el vínculo entre la privación de la libertad, el contexto sociopolítico y su condición de defensores debe tomarse en cuenta para evitar el uso indebido del derecho penal ocasionando la criminalización de la defensa de derechos humanos.
Ante estas declaraciones públicas, hacemos un llamado al Gobierno del Estado de Puebla a reconocer el contexto de vulneraciones a los derechos humanos de mujeres, personas migrantes y personas defensoras. Es importante que las instituciones reflejen su compromiso con las víctimas y personas afectadas a través del discurso que utilizan, así como a partir de acciones concretas dirigidas a cumplir con el respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos.
