11 puntos que debe RMV atender en un mes

El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle tiene que atender 11 recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos antes de un mes para que el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores no emprenda un juicio político en su contra.

Moreno Valle tiene que iniciar los procesos de responsabilidad contra el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, luego que se corroboró que la mala estrategia para dispersar el pasado 9 de julio a pobladores de San Bernandino Chalchihuapan que se manifestaban en la autopista Puebla-Atlixco, ocasionó la muerte de Alberto Tlehuatie de 13 años de edad.

1. Iniciar procedimientos de responsabilidad al titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Facundo Rosas Rosas así́ como del personal de dicha institución que participó en los acontecimientos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla.
2. Crear una fiscalía que investigue el caso Chalchihuapan, reparar los daños a los afectados
3. Moreno Valle Rosas tiene 15 días para iniciar las recomendaciones giradas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 15 días más para que compruebe su cumplimiento, con lo que tiene un mes en total para cumplir con todos los requerimientos dados a conocer por el ombudsman nacional.
4. Reparar el daño, el gobierno del estado debe elaborar un registro que permita identificar adecuadamente a cada una de las víctimas, el tipo de reparación que se le otorgará, los tiempos y las condiciones para que la misma se encuentre debidamente solventada
5. El gobierno de Puebla debe establecer las condiciones óptimas para llevar a cabo manifestaciones en calma y paz y que se generen «mecanismos efectivos para la atención de esos requerimientos que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos».
6. El gobierno del Estado debe de implementar una estrategia para la atención de demandas sociales en el estado de Puebla que contemple la solución pacífica de conflictos y que «se abstenga de criminalizar la protesta social» además de que contemple «acciones efectivas y eficaces de coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas», privilegiando en todo momento el diálogo y reduciendo los riesgos para no caer en el uso excesivo de la fuerza.
7. El gobernador, Rafael Moreno Valle debe ofrecer «una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos» de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y Secretaría General de Gobierno además de que aseguren no repetir actos que dieron origen a la recomendación.
8. Proporcionar a los cuerpos de seguridad equipos de videograbación y audio que permitan registrar su conducta durante los operativos y procedimientos de detención en los que participen.
9. Se recomienda que se colabore con la Comisión Nacional de Derechos Humanos un trámite de la queja que se promueva ante la Órgano Interno de Control de la Secretaria de Seguridad Publica de Puebla en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, mandos medios, policías estatales e incluso el mismo secretario Facundo Rosas, los funcionarios públicos de la Procuraduría General de Justicia que también se vieron involucrados en el bloqueo de averiguaciones previas o que cayeron en omisión de investigar los delitos ocurridos el 9 de julio.
10. Se debe de dar seguimiento a la denuncia penal que se presentará por parte de la CNDH ante la PGJ contra los funcionarios involucrados y que se colabore con su resolución.
11. El estado de Puebla debe diseñar e impartir un programa integral de capacitación y formación en derechos humanos dirigido a los servidores públicos de PGJ y SSP «que ponga especial énfasis en el Uso Legítimo de la Fuerza».