Para atender una de las 11 recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las graves violaciones en esta materia en el desalojo de manifestantes de pobladores de la junta auxiliar de Chalchihuapan, el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas designó a Juan Pablo Piña, Jefe de la Oficina del Ejecutivo, como el “responsable de verificar el cumplimiento” del dictamen del organismo.
A través de un comunicado de prensa, se informa que el funcionario más cercano a la administración morenovallista será quien vigilará “las recomendaciones por parte de las dependencias responsables”, es decir las sanciones a la Secretaría de Seguridad Pública.
En el documento, el gobierno estatal se niega a aceptar que los proyectiles y el gas lacrimógeno que se usó en exceso ocasionaron daños a la población del municipio de Santa Clara Ocoyucan y la muerte del menor, Alberto Tehuatlie:
“El dictamen correspondiente, publicado el día de hoy, enriquece la información sobre los lamentables acontecimientos y se suma a las investigaciones sobre el caso, conducidas por la División Científica de la Policía Federal y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla las cuales, ofrecen distintas conclusiones sobre la causa directa de la muerte de José Luis Tehuatle Tamayo”.
No obstante, señala que el gobierno del estado de Puebla a tomará las medidas necesarias para asegurar que las fuerzas de seguridad cumplan en todo momento con la tarea de respetar los derechos humanos y mantener el orden garantizando la seguridad y la integridad de la ciudadanía.
Sin embargo, no precisa el futuro político y las sanciones de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia, Facundo Rosas y Víctor Carrancá, respectivamente.
En tanto, informa que notificó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que la tarde de este día fue nombrado José Antonio Pérez Bravo como Fiscal Especial para el caso de San Bernardino Chalchihuapan.
Pérez Bravo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y Maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Durante la administración del panista, Felipe Calderón se desempeñó como Subprocurador Jurídico de Asuntos procesales de la Procuraduría Social de Víctimas del delito (PROVÍCTIMA).
