El ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, en presencia de Elia Tamayo -madre del menor asesinado por un artefacto lanzado por la policía estatal y que derivo en el fallecimiento de Jose Luis Tehuatlie-, presentó la recomendación 2VG/2014, dirigida al gobierno de Puebla, sobre la “Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos” relacionada con los hechos ocurridos el pasado 9 de julio con motivo del enfrentamiento registrado entre policías preventivos del estado de Puebla y los habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, municipio de Ocoyucan, Puebla.
Y aunque el dictamen –señala-que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, ambas de Puebla, en ningún renglón aparece el nombre del mandatario estatal Rafael Moreno Valle Rosas, autor intelectual de la llamada “LeyBala”.
Explicó que el análisis de más de 200 páginas, resultado de una profunda investigación que dio lugar a un expediente de 19 mil 738 fojas y que evidenció graves transgresiones a los derechos a la vida y la libertad de reunión; en consecuencia, a los derechos a la seguridad e integridad personal, legalidad, seguridad jurídica y trato digno.
El defensor del pueblo, expresó que todos los afectados en la movilización de la junta auxiliar del municipio de Santa Clara Ocoyucan fueron “víctimas” del abuso del poder gubernamental de Rafael Moreno Valle Rosas.
Quien busca la reelección en el máximo organismo de los Derechos Humanos -refirió –que la Comisión Nacional le formuló a la administración morenovallista emanado del PAN, 11 puntos recomendatorios, entre los que destacan: El inicio de procedimientos de responsabilidades respectivas en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla Facundo Rosas Rosas, así como del personal y policía estatal de dicha institución que participó en esos acontecimientos.
El recién galardonado en Puebla por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con el reconocimiento “Honoris Causa” que tuvo como testigo al propio Ejecutivo Estatal, a quien le exige en el dictamen que ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los efectivos de seguridad. Asimismo, pidió que dé garantías para evitar agresiones a futuras movilizaciones sociales que no están de acuerdo con las políticas de gobierno ejercidas por Moreno Valle.
