Para calmar el descontento social por la detención arbitraria de 4 pobladores y la desaparición de 2 más en San Pedro Cholula-por el desalojo violento por la toma de la Presidencia Municipal-, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (SGG) simularon firmar un pacto para liberar a los detenidos, con la condición de frenar las protestas contra el gobierno del estado de Rafael Moreno Valle y el edil, Leoncio Paisano Arias.
El martes a mediodía, más de tres centenares de pobladores bloquearon la carretera federal a Atlixco para exigir se cancele de manera definitiva el Parque Intermunicipal Cholula –que ejecutarán el Estado con los gobiernos municipales de San Pedro y San Andrés- y que el servicio del registro civil sea otorgado por la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo.
Por más de dos horas los manifestantes obstaculizaron el paso de los automovilistas como una medida de presión para que las autoridades atendieran sus demandas.
En representación de la Secretaría General de Gobierno (SGG): Omar Álvarez Arronte, Roberto Solano Pineda y Enrique Nacer, llegaron al lugar del conflicto para responder a las inquietudes de la población. Por una hora realizaron una reunión privada con ciudadanos y los familiares de los detenidos.
Durante la junta se informó que por la toma de la alcaldía en San Andrés Cholula existen 20 órdenes de aprehensión. Sin embargo, se acordó que las detenciones se anularían, si los habitantes mantenían con una actitud “apegada a derecho”.
Al finalizar la reunión, los representantes informaron a la población que el gobierno estatal se comprometió agilizar la liberación de María Luisa Josefina Nava Nezahualcoyotl y su hija María de los Ángeles Coyotl Nava –ambas de San Antonio Cacalotepec-, quienes fueron detenidas en una protesta en contra del pésimo servicio que ofrece la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
Además que en el transcurso de la noche se daría libertad a Adán Xicale Huitle y su hijo Paul Xicale, además de Primo Manuel Tlachi y Albino Valencia Tlachi, defensores de los predios cercanos a la Gran Pirámide y en conservación del patrimonio histórico.
Sin embargo, minutos más tarde la dependencia estatal rechazó las versiones de los acuerdos y sentenció que los procesos en contra de la población seguirán.
Los líderes de la marcha, informaron que pidieron el regreso del registro civil, pero que el tema se tratará en otra mesa de diálogo, debido a que las autoridades se negaron a atender esta demanda.
Por las arbitrariedades de los uniformados la madrugada de este martes, los afectados interpondrán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
