Eximen a Rosas, RMV no ofrece disculpa y detienen a pobladores por caso Chalchihuapan

Sin respetar los Derechos Humanos de pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, el gobierno de Rafael Moreno Valle ordenó la detención violenta de 4 habitantes, presuntamente involucrados en la manifestación del pasado 9 de julio en la carretera Puebla-Atlixco, dónde murió por el uso de la fuerza de la policía estatal, el menor José Luis Tehuatlie Tamayo.

Pretextando que atendió las 11 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside Raúl Plascencia Villanueva, el gobierno del estado de Puebla, envió un comunicado precisando las acciones para atender el oficio 2VG/2014 emitida por el organismo el pasado 11 de septiembre.

“La Fiscalía Especial del Caso Chalchihuapan, resolvió la averiguación previa, ejercitando acción penal en contra de probables responsables de distintos delitos, por lo que en cumplimiento de 12 órdenes de aprehensión y de cateo, libradas por un juez penal, fueron detenidos 6 elementos de la Policía Estatal y 5 personas civiles quienes han sido puestos a disposición del mismo juez”.

En la madrugada, sin orden de aprehensión en mano e irrumpiendo en sus viviendas detuvieron en medio de amenazas de muerte a Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez Varela, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes García.

El boletín de prensa señala que determinó la destitución del cargo y sanciones económicas para la Subsecretaria de Coordinación y Operación Policial y a dos mandos operativos.

Además que exculpó al autor intelectual de los manifestantes con violencia, el secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, Facundo Rosas, quien deberá de pagar una multa aunque no se precisa el monto: “La Secretaría de la Contraloría, inició los procedimientos de responsabilidad y dio trámite y seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por la CNDH en contra de los Servidores Públicos responsables. Con motivo de dichos procedimientos, la Contraloría determinó sancionar al Secretario de Seguridad Pública con una amonestación y una multa.

Para evadir sus responsabilidades, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle envió a José Montiel, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado, “en nombre de su administración” para que ofreciera una disculpa pública a todas las víctimas que vieron vulnerados sus derechos humanos.

Sin dar a conocer los montos, se informó la creación de un Fideicomiso Público cuyo objeto es hacer frente a la reparación del daño e indemnizar a las víctimas de los hechos ocurridos el 9 de julio y a sus familiares, quienes podrán acudir, si así lo desean, a la Dirección General de Víctimas dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla para iniciar el procedimiento correspondiente.

Se destituyó e inhabilitó hasta por 4 años a seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública responsables en el operativo del 9 de julio.