¿Ahora quién sigue?, cuestionó el coordinador de los regidores del PRI en el ayuntamiento de Puebla, Iván Galindo Castillejos. “El gobierno municipal sin argumento mete a la cárcel a quienes son opositores”, repuso para mencionar que tiene temor que la administración de José Antonio Gali Faya intente fabricarle un delito.
En su mente cayeron, las detenciones del 17 y 31 de octubre de los presidentes de juntas auxiliares de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez y Leonardo Sabino Báez Serrano de la Resurrección, quienes públicamente criticaron las medidas del gobierno estatal a cargo de Rafael Moreno Valle por el registro y las políticas mal implementadas de seguridad de la Comuna.
De estas aprehensiones –comentó- fueron con delitos fabricados y calificó que los servidores públicos son presos políticos del gobierno estatal, debido a que cada uno de ellos levantó la voz contra el modelo de gestión del PAN.
“No podemos permitir que se siga haciendo una cacería de brujas, sin que nadie haga nada, lo vamos a seguir alertando. Me quieren encontrar cosas, pero no han podido encontrarme, están en una cacería jurídica en mi contra, mi padre que es trabajador del ayuntamiento, ahora quieren descalificaciones en el aspecto personal”, dijo preocupado.
Ante el clima, informó que la tarde-noche de este martes se reunirá con los líderes estatales y nacionales de su partido político, para pedir su apoyo por los acosos que ha recibido de manera personal, contra su familia y recientemente en las redes sociales.
“Hay una nueva campaña de acoso en mi contra, han causado incomodidad mi señalamientos. No tengo el mayor reparo, respecto a por infundios, calumnias y cuestiones tontas que se puedan manejar en las redes sociales. La gente conoce mi trabajo, pero no me tiene sin cuidado que me fabriquen un delito, una orden de aprehensión. Mi trayectoria personal y profesional ha sido pulcra”.
Aunque dijo que no tiene temor, advirtió que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y la administración municipal intenten “acallar” sus posturas en las sesiones de Cabildo, principalmente porque frenó la aplicación de fotomultas en las vialidades del municipio y encabeza el movimiento para que se entregue un pago justo por el servicio del agua, que ofrece la empresa particular Concesiones Integrales.
