Pese a contar un amparo de orden de aprehensión, el presidente de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, recibió la tarde de este día auto de formal prisión. El fallo en su contra lo emitió el juzgado cuarto penal, quien además negó su libertad bajo fianza.
El edil subalterno fue detenido el pasado 31 de noviembre, cuando salía de gestionar con el ayuntamiento de Puebla, recursos para ejecutar obras. Pérez Velázquez es acusado de haber agredido, asaltado y privado de la libertad a un empleado de Concesiones Integrales, firma particular que opera el servicio de agua en la capital.
Según el denunciante el pasado 18 de octubre, Pérez bloqueó junto otras personas, el paso de un vehículo en el que viajaban y fueron privados de su libertad, amenazados de muerte e incluso, les quitaron sus pertenencias.
No obstante, existen pruebas que el día de los hechos, el edil auxiliar, no se encontraba en la gresca y aunque se demostró ante la autoridad pruebas, le negaron salir bajo fianza.
El caso del edil de San Miguel Canoa suma la detención número 9 en menos de un mes
LA LISTA
El 7 de octubre, los defensores de la zona arqueológica de San Andrés Cholula, Adán Xicale Huitle, Albino Tlachi Valencia, Primo Manuel Tlachi Valencia y Alejandro Paul Xicale Coyopotl, recibieron auto de formal prisión, acusados de motín, ataques a las vías de comunicación, despojo y daño en propiedad ajena.
Díez días después, mediante engaños, el presidente de la junta auxiliar de La Resurrección del municipio de Puebla, Sabino Leonardo Báez Serrano, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial fuera de sus oficinas. El primer edil subalterno que logró un amparo por falta del registro civil, fue acusado de usurpa funciones como juez.
Aunque hace una semana se liberó a 2 presos de la junta auxiliar de San Bernandino Chachihuapan, Vicente Ambrocio Juárez, Fausto Montes García, Florentino Tamayo Ponce siguen en arraigado por participar en la movilización del pasado 9 de julio, donde un menor perdió la vida, porque la Secretaría de Seguridad Pública ordenó desalojar con la fuerza pública a los manifestantes que se encontraban en protesta en la carretera Puebla-Atlixco que exigían el Registro Civil. Los pobladores fueron detenidos violentamente la madrugada del 18 de octubre.
