La constante intimidación y acoso que emprende el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas contra luchadoras sociales como Elia Tamayo y Aracely Bautista deja al descubierto la violencia de género que se vive en el estado.
La tortura psicológica y social que sufren estos iconos sociales en su lucha contra los gobiernos represores pone en alerta que las instituciones del estado como Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, además del Instituto Poblano de la Mujer, no hacen nada por apoyar a este grupo, sobre todos si son “perseguidas políticas”.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la organización Las Dignas y Unidas Ganaremos, exigieron al mandatario terminar con “violencia política” y revelaron que al menos una docena son mujeres fueron reprimidas, siete de ellas detenidas.
Los casos de encarcelamientos más representativos son la campesina Enedina Rosas Vélez, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, quien defendió los predios de la región de Atlixco por el Gasoducto Morelos.
La mujer de septuagenaria fue recluida desde el 7 de abril en el penal de Atlixco por negarle el derecho de vía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la construcción del proyecto que se desarrolla con el estado. Actualmente se encuentra en arraigo domiciliario por sus condiciones de salud.
Se suman, María Luisa Josefina Nava Nezahualcoyotl, María de los Ángeles Coyotl Nava, Juana Macuil Coyotl, Angélica Macuil Coyo, quienes fueron aprendidas a mediados del mes de junio y les fabricaron delitos por motín, ataques a las vías de comunicación y resistencia de particulares; luego de protestar contra el pésimo servicio de la Red Urbana de Transporte Articulado, mejor conocido como “metrobus”. De las cuatro, solo María de los Ángeles y su madre María Luisa Josefina Nava se encuentran en reclusión. Porfiria Flores, fue detenida el año pasado junto a su esposo Delfino Flores Melga, quien murió este año en su celda. Ambos, líderes de la agrupación Organización de Coordinación de Organizaciones Urbanas y Campesinas A.C., fueron acusados de despojo de tierras. Flores recuperó su libertad tras pagar una fianza de 150 mil pesos.
María Eugenia Ochoa, en voz de la organización “Las Dignas y Unidas Ganaremos”, -aseguró- que en Puebla se condena el ejercicio político de las mujeres: “Hay acosos y hostigamiento político, como quieren que participemos cuando el gobierno del Rafael Moreno Valle Rosas es una reacción de represión, si tú dices lo que piensas o cuestionas sus proyectos eres llevado a prisión”.
Otro ejemplo de misoginia del gobernador del PAN, se encuentran el caso de Elia Tamayo, quien ha sido humillada desde el primer momento que en el hospital se le negó ver a su hijo, José Luis Alberto Tehuatlie, luego de que policías aplicaron la #LeyBala contra su comunidad, Chalchihuapan el pasado 9 de julio.
Además del trato indigno que recibió de la Procuraduría General de Justicia, que demoró horas para entregar el cadáver del menor para manipular su necropsia y absolver de responsabilidades a funcionarios de Rafael Moreno Valle Rosas.
“Las mujeres no tenemos derecho nuestras facultades políticas, porque vemos represión y hostigamiento del gobernador”, agregó Ochoa.
De la misma manera se encuentra: Araceli Bautista madre alcalde de la junta auxiliar de San Bernandino Chalchihuapan, quien tiene una orden de aprehensión por su lucha social en defensa de los pueblos indígenas y en demanda del retorno del servicio del registro civil en las alcaldías subalternas.
Una de las víctimas de la represión física y psicológica del aparato gubernamental, Irene Herrera, narró que hace un mes, policías la intentaron detener con el argumento de una falsa infracción automovilística. La también integrante del Movimiento por la Alternativa Social protestaba en el zócalo de la capital cuya demanda es la libertad a más de 40 presos políticos.
“Las instancias estatales ya no hay apoyo de las mujeres, tuvimos que salir de Puebla para pedir a organismos internacionales su intervención, porque el gobernador solo no está utilizando a las mujeres y los niños para la foto”.
Herrera exigió a la esposa del gobernador, Martha Erika Alonso Hidalgo su renuncia del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, porque está utilizando los recursos de la dependencia para promover su imagen.
Se conoce que Alonso Hidalgo, quien integra el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional participará por la “mini-gobernatura” en 2017, aunque otras voces periodísticas la postulan como diputada federal en el proceso electoral del próximo año.
