“Ya hemos recibido amenazas, que nos quieren levantar. Que van aplicar la ley, a encarcelarnos como hace el gobierno del estado”, acusó José Manuel Trejo Benítez, un comerciante del municipio de Rafael Lara Grajales al señalar a Marco Antonio Hernández Silva, director de Comercio del gobierno municipal de realizar actos de extorsión en su contra.
Acompañado de un grupo de comerciantes de municipio, Trejo Benítez, denunció que pretenden removerlos del Centro Histórico, específicamente de la calle 25 de marzo y El Progreso por órdenes del presidente municipal, Víctor Gasca Arenas.
El gobierno municipal ha pretextado que “dan mala imagen para Audi” y que antes del 31 de enero tiene que retirarse, o serán encarcelados por “violar la ley”: “Él (Marco Antonio) es una persona que se pone prepotente con nosotros, cuando va con los comerciantes lleva a los policías y dice que nos va a llevar a la cárcel, que el mismo no va a levantar”.
Rubén Torres, presidente de la organización Coalición Nacional Constitucionalista Revolucionario, denunció que Marco Antonio Hernández ha cobrado mensualmente de 100 a 125 pesos como “derecho de piso” para que ofrezcan sus productos en calles aledañas al zócalo de la ciudad.
Denunció las excesivas extorciones que pide el servidor público por permitir a cerca de 80 vendedores informales instalarse en el Centro Histórico, sin entregarles un recibo oficial que demuestre que cumplen con sus obligaciones ante la Comuna.
“Nos dijeron que son órdenes del gobernador que nos quieren cambiar, porque damos mala imagen. Que la ciudad va a crecer mucho y que nosotros estorbamos”.
Torres informó que 8 de ellos fueron obligados por Marco Antonio Hernández a pagar mil pesos para instalarse en la zona céntrica de la plaza de Rafael Lara Grajales. Hace unas semanas acudieron a las oficinas de la alcaldía para denunciar los abusos del funcionario, sin embargo, no hubo una respuesta.
Por tanto, exigió al presidente municipal del PRI la destitución del funcionario municipal quien bloquea sus ventas y ha enviado a policías municipales para amenazarlos con encarcelaros por “desacato de órdenes”.
