Estado
17 febrero 2015

Sigue impune crimen artero del gobernador Piña Olaya

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by García R - 0 Comments
Sigue impune crimen artero del gobernador Piña Olaya

Hoy, 17 de febrero, de hace 26 años, Mariano Piña Olaya, gobernador del Estado de Puebla en 1989, mandó asesinar a nuestro compañero Gumaro Amaro Ramírez a las afueras de su hogar. Con su ejecución el Estado mexicano generó las condiciones que le permitieron asestar un golpe al desarrollo organizativo en Puebla, puesto que con esto le apostaba a desmovilizar a la Unión de Amas de Casa organización que aglutinaba a más de veinticinco mil colonos, principalmente mujeres, asentados en los cinturones de miseria de la ciudad, así como a debilitar el movimiento estudiantil-popular al interior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya que la Unión Por la Organización de los Estudiantes constituía la columna vertebral de este al interior de la Universidad y daba vida al proyecto de Casas de Estudiantes en el estado, situación que concluiría ese mismo año con el golpe de estado al último rector democrático, el Mtro. Samuel Malpica Uribe, asesinado en 2013.

 

 

Las repercusiones no sólo fueron de carácter político-social hacia el movimiento estudiantil-popular, también la embestida represiva se extendió hacia la familia. En 1992 nuestra compañera María de Lourdes Ayometzi Rojas, viuda de Gumaro Amaro, es hostigada e intimidada para obligarla a firmar su renuncia como trabajadora de la UAP en la Preparatoria Benito Juárez, plaza laboral que por legítimo derecho le correspondía. Esta renuncia obligada se da al interior de la Universidad de manera paralela con una ola de represión y despidos masivos de todos aquellos que por su concepción ideológica y política seguían manteniendo una posición crítica frente a la institución.

 

 

Fue hasta el año 2001 que nuestra compañera es recontratada sin respetarle su antigüedad y asignándola con la categoría más baja del tabulador. Condición laboral en la que aún se encuentra a pesar de llevar más de 14 años como trabajadora universitaria y que por derecho debió haber sido reasignada en una categoría superior de acuerdo al tabulador.

 

 

Ante esta situación emprendimos actividades de denuncia como el que se hayan girado 189 oficios a los integrantes del Honorable Consejo Universitario, así como a diferentes dependencias al interior de la Universidad con la finalidad de que el Consejo Universitario se pronúnciese por el esclarecimiento del caso y el reconocimiento de Gumaro como parte de la historia de nuestra Universidad y que este genere las condiciones para resarcir el daño a la compañera y a su familia. Esto ocurrió en febrero del 2014, ante dicha actividad la Universidad ha guardado silencio absoluto.

 

 

A esta represión laboral se une el hostigamiento focalizado contra su hijo Ollin Amaro Ayometzi, militante de nuestro FNLS, quien desde el año pasado por diferentes vías, ya sea supuestos robos, violencia directa por parte de porros de la BUAP, ya sea por los señalamientos del ahora regidor Zeferino Martínez Rodríguez, o por medios de comunicación en Puebla y Atlixco, ha sido objeto de agresiones directas y de una campaña de linchamiento mediático por su actividad política organizativa que realiza tanto en al interior de la BUAP, como en la lucha por la defensa del derecho humano al agua en Atlixco, Puebla, como también por la solidaridad por la presentación con vida de los 43 compañeros normalistas detenidos-desaparecidos desde septiembre del año pasado.

 

 

Los asesinatos extrajudiciales como el de nuestro compañero Gumaro Amaro Ramírez son tipificados a nivel internacional como crímenes que laceran gravemente a la humanidad, cuya responsabilidad recae en el Estado mexicano, y en particulares que por omisión, comisión o aquiescencia del mismo Estado cometen estos actos inhumanos. Además es una evidencia de la práctica sistemática de violencia que el Estado mexicano ejerce en contra del pueblo; a través de las ejecuciones, las desapariciones forzadas y tortura o la imposición de reformas neoliberales que atentan los derechos de la clase trabajadora, pretendiendo debilitar al movimiento popular.

 

 

Hace 26 años se perpetuó un crimen que nos remonta al momento que estamos viviendo, recordemos la detención-desaparición y posterior ejecución de nuestro compañero el luchador social M.C. Fermín Mariano Matías en el estado de Puebla en 2009, así como la desaparición forzada de los luchadores sociales y defensores de derechos humanos: Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya; Francisco Paredes Ruíz, Teódulfo Torres Soriano, Daniela y Virginia Ortíz, que forman parte de los más de cien mil desaparecidos por motivos políticos y sociales y los más cien mil ejecutados en lo que va del 2006 a la fecha tanto de la administración calderonista como la actual encabezada por Enrique Peña Nieto.

 

 

En este contexto tenemos un Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en guerrero, el asesinato de más de 20 personas en el Estado de México, desaparecer de manera forzada y posteriormente asesinar a periodistas, caso reciente el de Moisés Sánchez, la saña para torturar y asesinar a activistas y defensores de derechos humanos como Gustavo Salgado del Frente Popular Revolucionario, de igual manera las distintas formas para reprimir manifestaciones legitimas del pueblo como el caso del zócalo de Puebla donde fuesen desalojados de manera violenta a más de 20 estudiantes y detener desaparecer de manera forzada a 8 estudiantes a quienes se les torturara tanto psicológica como físicamente. Todo ello con el fin de generar miedo, pánico y terror en la población para evitar que consolide procesos organizativos que cambien radicalmente las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales por las que atraviesa el País.

 

 

A esta responsabilidad del Estado mexicano en crímenes de lesa humanidad se suma la oligarquía nacional y extranjera cuyos voceros Enrique Solana Sentíes, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), y de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), han declarado cerrar filas con el gobierno mexicano, los primeros para evitar que los cuarteles militares sean abiertos en la investigación por el caso de nuestros 43 compañeros normalistas desaparecidos y el segundo con sus comentarios que criminalizan la lucha que emprende el pueblo a través de sus organizaciones.

 

 

Hacemos un llamado al pueblo de México y sus organizaciones a seguir consolidando los procesos organizativos por medio del intercambio de experiencias, construyendo la unidad popular basada en principios y objetivos, y por medio de la coordinación y las alianzas. Como pueblo nos debe quedar claro que nos enfrentamos a una agudización de la lucha de clases, en la que es importante tener definido la clase social que representamos: al proletariado; en consecuencia, debemos saber a qué nos enfrentamos y contra que clase social luchamos: nos referimos a la oligarquía, porque eso va a ser fundamental para cerrar filas en torno al terrorismo de Estado.

 

García R

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