Con un presupuesto de 3 millones 233 mil 397 pesos el Partido Encuentro Social inicia su vida política en el estado de Puebla.
En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), Raúl Barranco Tenorio, dirigente de este instituto político se nueva creación -apoyado en su mayoría de grupos evangélicos-, afirmó que en «Puebla se continúa con una ley obsoleta en materia electoral», tras recibir la acreditación que lo avala como fuerza política.
Tras una lucha jurídica ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) por lograr su reconocimiento, el representante de los evangélicos en Puebla, lamentó que se haya puesto en evidencia la complicidad de los órganos comiciales locales del estado al negarles el registro.
«Es contradictorio que el gobierno presuma de grandes obras de infraestructura, salud y sea el único estado sin una ley actualizada en materia electoral».
El dirigente estatal aseguró que las prerrogativas asignadas para el ejercicio público del año 2015, -fundamentadas en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos en la que se señala que los partidos políticos de reciente creación contarán con el 2 por ciento del total del financiamiento-, serán transparentadas para dar cumplimiento cabal a las normativas establecidas por el IEE.
Durante su estancia en la sesión ordinaria, el líder partidista, emitió un voto de confianza a la institución encargada de los comisión locales y añadió que: «Hoy se inicia una nueva etapa con diez nuevas opciones políticas, con diferentes forma de pensar e ideológicas y Encuentro Social hace un llamado a los poblanos para vencer al principal rival de las elecciones el abstencionismo».
Barranco Tenorio señaló que es necesario contar con instituciones fuertes que respeten el estado de derecho de la vida institucional de los partidos a fin de evitar que organismos federales emitan resolutivos para enmendar las decisiones equivocadas o de sumisión al poder.
«Puebla no puede hacer a un lado los derechos políticos elementales plasmados en la Constitución y en una ley actualizada a las demandas y necesidades de un estado democrático».
