Los integrantes del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla, organización que pugnan por la liberación de los presos políticos en la entidad, acusaron que el gobierno federal y estatal suspendió desde hace 6 semanas las mesas de trabajo a favor de la excarcelación de los luchadores sociales.
Josué Xicale así como Xóchitl Formacio de Cholula Viva y Digna junto con Moisés Coyotl Cuaya, representante del Frente Municipal Cholula, denunciaron que el pasado 21 de enero se fracturó la relación con las autoridades de los dos niveles de gobierno que atendían la emancipación de los principales opositores de las obras y leyes morenovallistas.
“Manifestamos nuestro extrañamiento al gobierno del estado que encabeza el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas pues las suspensión del diálogo, pues no corresponde a la imperiosa de resolver la conflictividad social”, agregó Moisés Coyotl.
Los tres luchadores sociales reconocieron que inicialmente hubo voluntad política por atender este tema, debido a que las primeras negociaciones en las que intervino Luis Maldonado Venegas y Enrique Miranda Nava –por parte del gobierno federal-, se dio libertad bajo caución al opositor del Gasoducto Morelos, Juan Carlos Flores Solís.
Incluso aseguró que el acercamiento con el equipo del Poder Ejecutivo Estatal fue una orden de Moreno Valle tras la presión mediática de la organización que marchó en el marco de su cuarto informe de gobierno en la Ciudad de México.
En contraste, semanas atrás, Noé Rodríguez, delegado de la Secretaría de Gobernación en Puebla, les informó que determinaron las mesas de trabajo con el conducto de la administración estatal, Luis Maldonado Venegas, la suspensión de los trabajos porque no “existen las condiciones para continuar”, sin explicarles los motivos.
Moisés Coyotl Cuaya declaró que aunque no hay una cancelación de las juntas, en reiteradas ocasiones funcionarios locales han señalado que momentáneamente está suspendido cualquier acuerdo.
El 9 de febrero fue el último día que tuvieron contacto con personal de la Secretaría General de Gobierno, por lo que temen que sea una estrategia para cerrar los trabajos que hasta el momento estaban avanzando.
En las reuniones de trabajo se aborda la libertad de Rubén Sarabia alias Simitrio y su hijo son acusados de narcomenudeo y de la venta de espacios en el mercado Hidalgo; mientras que Adán y Paul Xicale, así como Primo y Albino Tlachi, son acusados de motín, delitos contra el orden constitucional y daños en la vía pública por oponerse a la construcción del Parque Intermunicipal en Cholula.
Además de los presidentes auxiliares de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez; La Resurrección, Leonardo Báez Serrano, y San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista. También de los ciudadanos de Chalchihuapan arrestados tras el desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco el 9 de julio que hirió de muerte a un adolescente de 13 años.
