Puebla laboratorio para las privatizaciones: Agua para Todos

La modificación a la “Ley de Agua” que realizó en 2013 el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas a través de una iniciativa avalada por mayoría en el Congreso del Estado de Puebla para ceder a particulares el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), convierte a la entidad en “pionera” en la privatización del servicio público.

Así lo consideraron activistas, académicos y especialistas que integran la agrupación “Agua para Todos” quienes advirtieron que la denominada “Ley Korenfeld” promueve el despojo del líquido para cederlos a empresa extranjeras.

Las reformas a la ley local hace dos años, permitieron el ingreso del consorcio Aguas de México que conforman la compañía canadiense Epcor y Ticsa –la última que entre tantas sedes se ubica en Panamá y Guatemala-, arrebatando a la entidad del suministro.

Gerardo Pérez Muñoz estimó que desde la entrega del agua a la compañía los usuarios son los más afectados, debido a que son obligados a pagar mensualmente y que desde el inicio de operaciones del consorcio Aguas de México por medio del dominio “Concesiones Integrales” se aumentó hasta un 400 por ciento su tarifa.

El activista en pro de la ecología, aseguró que la propuesta de ley que continúa en análisis en el Congreso de la Unión viola códigos de Derechos Humanos, ya que recordó que el agua es considerada una garantía en esta materia.

Denominó de “inhumano” las restricciones de acceso al recurso natural, ya que la propuesta del  director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), David Korenfeld se limita a sólo 50 litros de agua por persona, contradiciendo el dictamen internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estipula adecuado 303 litros diarios para sobrevivir.

Pérez reprochó al gobierno de Enrique Peña Nieto la privatización del agua para enriquecerse económicamente y lamentó que no se promuevan medidas para el tratamiento y uso de agua por los problemas de escases.

Anticiparon que el agua nacional se entregará a Grupo Higa, una constructora que ha sido favorecida con contratos multimillonarios del gobierno federal como fue “La Casa Blanca” y la administración de Rafael Moreno Valle Rosas con el museo Internacional Barroco de Puebla, con valor de 7 mil 280 millones de pesos.

Proyectos de muerte privan del líquido

A través de los denominados “Proyectos de Muerte” el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas ha beneficiado a empresas extranjeras que han privado a pobladores –en su mayoría de comunidades indígenas- del agua.

“Puebla se ha convertido en punta de lanza, en el laboratorio nacional de los proyectos de muerte.  Tenemos gasoductos, minerías a cielo abierto, hidroeléctricas, parques eólicos, parques geotérmicos como el de Chignautla y Tlatlauquitepec. Si lo vemos en conjunto, hacia donde se irá el agua”.

De acuerdo a información del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, en la entidad operan al menos 75 minas, ubicadas en algunas localidades de la sierra norte, de las cuales siete aún se encuentran en etapa de exploración y las otras 68 trabajan en el estado desde hace varios años.

Algunas de ellas, en el municipio de Cuyoaco, operadas por Francisco Crespo Hernández;  Minas “Acateno 2” y “Ampliación Atexcaco”, del Municipio de Hueyapan, operado por Grupo Ferrominero S.A. de C.V.;  Mina “Yolanda”, operada por Cobre de Sonora S.A. de C.V; Mina “Canadá 2”, del Municipio de Tetela de Ocampo, operada por Minera Meteoro S.A. de C.V; Mina “Los Ángeles”, del Municipio de Tetela de Ocampo, operada por San Francisco del Oro; Mina “Capulines”, Municipio de Teziutlán, operada por Minera Autlán;  Mina “Hidros IV”, Municipio de Xicotepec de Juárez”, operada por Compañía Minera Zapata, entre otras.