Los integrantes del “Frente en Defensa del Medio Ambiente y por el No Pago de la Multa de Verificación Vehicular” fijaron como meta amparar a más de 400 mil propietarios de un vehículo que no lograron el trámite de revisión de gases de sus unidades por la incapacidad de las empresas que concesionó el gobierno del estado.
Ricardo Jiménez y Marco Mazatle –representantes de las organizaciones- señalaron que los deben de poner un “¡Ya basta! a pagar por las incompetencias, errores y omisiones de los funcionarios públicos improvisados” de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas.
Los activistas condenaron que la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial sea una dependencia para favorecer a compañías foráneas y recordaron que en el 2014 clausuró injustificadamente las concesiones a más de 86 verificentros de los poblanos.
Ahí conduraron que se entregó dicho servicio a un grupo de empresarios ligados al morenovallismo, quienes solo lograron abrir 17 establecimientos para atender a más de 800 mil vehículos en la entidad, lo que era inoperante.
“Los cambios generaron un caos por la incapacidad para otorgar el servicio en la revisión de gases contaminantes correspondientes al segundo bimestre del 2014. Durante medio año se dejó de brindar el servicio de verificación derivado del cierre de todos los establecimientos, agudizando el daño al medio ambiente en Puebla”.
El gobierno de Moreno Valle –explicaron- ahora pretende imponer una multa a los propietarios de los vehículos que no lograron verificar, con la única finalidad de recaudar más de 650 millones de pesos, sin importar cumplir la obligación de preservar la ecología.
De esa manera, recordó que con ocho organizaciones, entre las que destacan el Consejo Nacional Ciudadano Capítulo Puebla (Conaci), la Asamblea Social del Agua (ASA), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, Movimiento Nacional por la Esperanza, Movimiento Autónoma Indígena Zapatista (MAIZ), Abogados Democráticos de Puebla, consolidaron el Frente Ambiental.
Para terminar con el abuso por este trámite, explico Jiménez se estableció: No abandonar la lucha jurídica y social en defensa de los contribuyentes; Solicitar a la Ley de Transparencia la información del manejo del programa de verificación vehicular, así como los tiempos de hacer el trámite y Recabar firmas de los ciudadanos poblanos para manifestar nuestro desacuerdo en el manejo de los programas.
Convocaron al gobernador Rafael Moreno Valle a una audiencia pública con las organizaciones que conforman el Frente, con la presencia de los medios de comunicación, para escuchar planteamientos que den solución a la crisis de la prestación.