Capital
20 mayo 2015

San Miguel Canoa llama al voto de castigo contra el gobierno panista

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by García R - 0 Comments
San Miguel Canoa llama al voto de castigo contra el gobierno panista

Tras reconocer que el movimiento de la junta auxiliar de San Miguel Canoa por prohibir el proceso electoral claudicó, Hilario Gallegos Gómez, representante de la Coordinación Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), convocó a los habitantes de esa región emitir un voto de castigo al Partido Acción Nacional (PAN)

“Si la ciudadanía está molesta por la detención ilegal del presidente auxiliar lo demuestre en las urnas, anulando su voto, o bien, voto de castigo para el PAN, votando por opciones diferentes a las tradicionales, no dar el voto a los candidatos del poder”.

El pasado el pasado 19 de mayo, se aprobó en una asamblea comunitaria que los aspirantes a ocupar curul en la Cámara Baja del Congreso de la Unión presenten sus propuestas en la zona norte de la capital.

La decisión se aprobó a menos de cuatros semanas de concluir el periodo de promoción al voto de los candidatos a diputados federales de las diversas fuerzas políticas.

El revés a su decisión es el temor de encarcelamiento a los hijos del ahora preso, Javier y Rocío Pérez quienes violarían claramente los artículos que están marcados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).

“No queremos generar más presos políticos en Puebla, ya está el presidente de Canoa y quieren sus hijos se sumen, habían dicho que Rocío es la que promueve que no dejarían instalar las casillas, pero era un acuerdo del pueblo”.

Por tanto, permitirán que se desarrollen las elecciones el 7 de junio y que se instalen de casillas del Instituto Nacional Electoral (INE) en diversos puntos de la junta auxiliar.

En protesta, la comunidad había negado el ingreso de algún político por el conflicto social de la detención del ex edil auxiliar, Raúl Pérez Velázquez.

Pérez Velázquez fue detenido el 31 de noviembre 2014, cuando salía de gestionar con el ayuntamiento de Puebla, recursos para ejecutar obras, es acusado de haber agredido, asaltado y privado de la libertad a un empleado de Concesiones Integrales, firma particular que opera el servicio de agua en la capital.

Antes de su detención se opuso a las reformas de la Ley Orgánica Municipal que les quitó el Registro Civil por falta de atención a la comunidad indígena, junto con otros ediles subalternos promovieron amparos de resistencia a la medida del gobierno de Rafael Moreno Valle.

García R

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