El coordinador operativo del Partido Movimiento Ciudadano, José Ángel Pérez García, indicó su rechazo a la modificación del artículo 104 Constitucional Local que intenta despojar de los servicios públicos de los municipios para cederlos al Ejecutivo del Estado y la violación al 115 de la Carta Magna que se pronuncia por la autonomía de los municipios.
Pérez García condenó que el mandatario estatal pretenda adueñarse de los municipios a través de la llamada #LeyChedraui– iniciativa propuesta por el legislador morenovallista Jorge Aguilar Chedraui -, que busca la privatización de los servicios públicos: “Lo que está haciendo el gobernador Moreno Valle, es apropiarse de los servicios municipales violentando la ley de la autonomía municipal”.
El dirigente del “Partido Naranja”, consideró que la aprobación de la #LeyChedraui –que reforma al artículo 104 de la Constitución local-podría ser echada a atrás con un recurso de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ,(SCJN), para proteger a los alcaldes que se sienta afectados por la iniciativa que busca privatizar los servicios públicos.
“De reformarse la iniciativa, el gobernador, Rafael Moreno Valle tendrá todo el poder para controlar y privatizar los servicios públicos de los municipios y la zona metropolitana”.
El líder de Movimiento Ciudadano en el Estado-quien presumió haber logrado el 7% de la votación a nivel nacional, pero sin obtener un diputado que represente Puebla – insistió en la intención del control gubernamental en la entidad, por lo que adelantó que su bancada representada en la LIX Legislatura votará en contra y a nivel Institucional manifestarán su oposición de quitarle la autonomía a los ediles.
José Ángel Pérez García –después de anunciar que irán solos en el próximo proceso electoral donde se elegirá al gobernador de un año ocho meses, asegurando que las alianzas con otros partidos quedan fuera- se dijo prudente hasta no saber la versión oficial de la modificación la 104 de la Constitución Local, para emprender las acciones correspondientes contra el gobierno, ante la pretensión de controlar a los alcaldes estableciendo límites y prohibiciones a las administraciones.