Los dirigentes del Movimiento Alternativa Social (MAS) evitaron hacer algún pronunciamiento contra el Secretario de Seguridad Publica, Facundo Rosas Rosas, por la participación de su director general de la Policía Estatal Preventiva de Puebla, Marco Antonio Estrada López, y del ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), Tomás Mendoza Lozano, en el robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) -un delito que va al alza en el estado Puebla- y capturados por elementos del Ejército Mexicano a su llegada a la región de Tepeaca para detener la ordeña de ductos .
Los críticos del sistema gubernamental de Moreno Valle y acérrimos acusadores contra el secretario de seguridad –Facundo Rosas-por su participación y responsabilidad en el operativo policiaco para desalojar a los pobladores en San Bernardino Chalchihuapan en julio pasado, donde José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo de 13 años recibió un impacto en la cabeza que le provocó muerte cerebral y 10 días después su deceso-hoy solo se militaron a denunciar la evidencia con la capturaron a Marco Antonio Estrada López y , Tomás Mendoza Lozano, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)- primera captura que realizan los militares desde que arribaron a esta demarcación.
Señalaron que Marco Antonio Estrada López fue uno de los responsables de coordinar el brutal operativo policiaco para disolver la protesta del pueblo de Chalchihuapan, el 9 de julio de 2014, donde la policía estatal hirió de muerte al niño José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, mutiló a nueve personas más y lesionó a más de un centenar de pobladores-evitando mencionar a quien an acusado en reiteradas ocasiones de ser el autor intelectual del desalojo-.
El vocero de los activistas -Marco Mazatle- refiriéndose solo a una información proporcionada por Pemex, vía la Ley de Transparencia, indica que en los primeros dos años del gobierno morenovallista se han detectaron más tomas clandestinas que durante todo el sexenio de Felipe Calderón.
“En 2013, se registraron 2 mil 614 tomas; en 2014, 3 mil 348, que en total suman 5 mil 962; mientras que en el sexenio pasado creció de 324, en 2007, a mil 635, en 2012, sumando 4 mil 865 “ordeñas” a los ductos de Pemex”.
Los del MAS, consignaron que los alcaldes de Amozoc, José Cruz Sánchez Rojas; y Acajete, Antonio Aguilar Reyes -a quienes el propio pueblo los acusa de estar inmiscuido en estas bandas del crimen organizado aseguran-deben ser investigados por la Procuraduría General de la República.
Su comunicado de prensa:
El robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) es un delito que va al alza en el estado Puebla, a cargo de bandas criminales bien organizadas.
Según información proporcionada por Pemex, vía la Ley de Transparencia, los primeros dos años del gobierno morenovallista se han detectado más tomas clandestinas que durante todo el sexenio de Felipe Calderón.
En 2013, se registraron 2 mil 614 tomas; en 2014, 3 mil 348, que en total suman 5 mil 962; mientras que en el sexenio pasado creció de 324, en 2007, a mil 635, en 2012, sumando 4 mil 865 “ordeñas” a los ductos de Pemex.
Esto significa un repunte por arriba del 500 por ciento desde el arranque del sexenio del mandatario panista.
Esto quedó evidenciado con la captura del director general de la Policía Estatal Preventiva de Puebla, Marco Antonio Estrada López, y al jefe del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), Tomás Mendoza Lozano, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los funcionarios morenovallistas están siendo investigados por las autoridades federales, desde hace meses, por el delito de robo de hidrocarburo a la paraestatal.
Marco Antonio Estrada López fue uno de los responsables de coordinar el brutal operativo policiaco para disolver la protesta del pueblo de Chalchihuapan, el 9 de julio de 2014, donde la policía estatal hirió de muerte al niño José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, mutiló a nueve personas más y lesionó a más de un centenar de pobladores.
Estrada López ascendió en septiembre de rango para ocupar la Dirección General de la corporación estatal, promoción que fue vista como un “premio” a la lealtad de Facundo Rosas, el secretario de Seguridad del estado, quien hace dos años al mando de un operativo en Guerrero también se dio muerte a dos estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que en 2012 se incautaron 363 mil litros de gasolina robados, y para 2013 el volumen se elevó a 1.2 millones.
En el mismo periodo, la incautación de diésel robado pasó de 388 mil litros a un millón de litros.
En ese contexto, Puebla es la segunda entidad del país con mayor cantidad de combustible incautado.
En el inicio de este 2015, el decomiso de combustible robado rompió récords en los primeros meses: el 10 de marzo se incautaron 64 mil litros en Jalisco; el 18 de febrero, 40 mil otra vez en Jalisco; el 19 de febrero, 44 mil litros en Puebla, y el 11 de enero, 20 mil en Veracruz.
El robo de combustibles es y ha sido una práctica que daña gravemente la distribución y comercialización de los hidrocarburos, pero además flagela la economía y la confianza en nuestros sistemas de seguridad y en las autoridades que deben resguardar los bienes públicos de la nación.
En esa posición están los alcaldes de Amozoc, José Cruz Sánchez Rojas; y Acajete, Antonio Aguilar Reyes, a quienes el propio pueblo los acusa de estar inmiscuido en estas bandas del crimen organizado.
Por esta razón, el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) demanda a las autoridades federales, pues quedó demostrado que las estatales son cómplices del robo de combustible, se investigue a los presidentes municipales en mención.
Asimismo, pedimos a los diputados federales electos endurezcan las penas que castigan “la ordeña” a los ductos y la extracción ilegal de hidrocarburos.
Además que se tipifique al robo de combustible como crimen organizado.
Para el caso de Puebla, la PGR reveló que es Amozoc, Tepeaca, Acajete y Quecholac, los municipios con el mayor número de robo de hidrocarburos.
El primer lugar lo registra Amozoc, con 111 de las más de 820 ordeñas registradas desde el año 2000 a la fecha.
El territorio poblano es el estado con el mayor número de averiguaciones previas suspendidas para investigar este delito y con el peor índice de efectividad por parte de las autoridades para combatir el robo de combustible.
Así lo reportó un estudio realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) “Robo en México», desde 2006 hasta agosto de 2014.
En el estado se registraron 930 averiguaciones previas, de las cuales sólo 77 fueron consignadas, es decir, sólo el 8.2 por ciento del total de denuncias por este delito.
Tras dichos resultados, Puebla es el menos eficiente entre los 10 estados con mayor incidencia de este delito, pues de cada 12 averiguaciones iniciadas sólo se consigna una.