El pasado 22 de agosto, la mayoría de los diputados del Congreso del estado aprobaron una de las leyes que mayor lastre traerá a Puebla, si de manera conjunta ciudadanos, organizaciones y partidos políticos no logramos revertirla.
En un claro albazo, 23 legisladores impuestos por el gobernador Rafael Moreno Valle votan a favor de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral y al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Relativo a candidaturas independientes para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos.
Esto a pesar que tal reforma contraviene la Constitución Mexicana y no respeta el estado de supremacía sobre una ley federal que indica que para el registro de un candidato independiente necesita del 2 por ciento de las firmas del padrón nominal.
Estos mismos 23 legisladores además son los responsables que hoy el estado de Puebla se una de las entidades reconocidas a nivel internacional por la aprobación de leyes que violan los derechos humanos y tratados internacionales.
La lista de iniciativas legislativas aprobadas van desde la privatización del agua en una veintena de municipios, incluida la capital poblana, hasta la Ley Bala, la Ley Mordaza, la Ley de Expropiaciones, la Ley Orgánica Municipal que quita toda identidad de los pueblos, por la restricción en la administración de los Registros Civiles en las juntas auxiliares, recientemente las reformas aprobadas para quitar todo cobro de impuestos en el municipio de San José Chiapa, que atenta contra la autonomía municipal.
En fin, la lista de atropellos que han cometido los 24 legisladores es larga, quienes pagan el favor de ser impuestos como legisladores con la aprobación, sin estudio ni análisis de por medio de las iniciativas.
La aprobación de estas leyes ha provocado un malestar generalizado, con la presentación de amparos para evitar su efecto.
Saludamos a los ocho ciudadanos, el ex jefe del gabinete del gobierno de Moreno Valle, Fernando Manzanilla, quienes promovieron en la última semana un juicio para la protección de sus derechos políticos electorales, contra la llamada Ley Antibronco.
Sin embargo, pedimos también que Manzanilla deje de utilizar un doble lenguaje político, pues no dudamos que sea la carta bajo la magna de Moreno Valle, para que a través de una candidatura independiente impulse a su cuñado.
Por otro lado, no bastan las declaraciones de los dirigentes estatales de los partidos políticos, como Isabel Allende, Socorro Quezada y Rafael Micalco, quienes aseguran que interpondrán recursos legales contra la Ley Antibronco.
Les exigimos que presente la acción de inconstitucionalidad contra los “candados” a las candidaturas independientes, y también que por medio del Senado de la República promuevan el recurso de controversia constitucional.
Las reformas en materia electoral han sido duramente criticadas por las cinco principales universidades privadas de Puebla, así como 45 cámaras empresariales, quienes acusan que con estos “candados” es imposible competir como candidato ciudadano por un cargo de elección popular.
Por eso hoy damos a conocer el rostro de los 23 diputados morenovallistas, para que la ciudadanía sepa quiénes son los traidores de Puebla.
Estos legisladores son del PAN, PRD, Nueva Alianza, PT, PSI y Compromiso por Puebla, quienes decidieron que los candidatos independientes cuenten con el respaldo del 3 por ciento de las firmas del padrón nominal.
Con esta legislación, Puebla se convirtió en el estado que impone el mayor número de candados en el país, para el registro de ciudadanos que buscan ejercer su derecho político de ser votados, en una elección popular.
En ningún estado a nivel federal se exige que los simpatizantes de los candidatos independientes acudan personalmente a ratificar las firmas de apoyo.