Elia Tamayo busca apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Mientras el gobierno del estado de Rafael Moreno Valle es omiso ante la recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la mujer indígena de San Bernardino Chalchihuapan, Elia Tamayo, no cesará su lucha hasta encontrar justicia por la muerte de su hijo José Luis Tehuatlie Tamayo -abatido por un proyectil letal durante un desalojo violentó que exigían la restitución de servicios públicos en la localidad.

Ante este suceso de desacato -Elia Tamayo – emprenderá una reunión con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, Estados Unidos Rose-Mari Belle Antonie durante su visita en la ciudad de México.

En el encuentro que sostendrá la madre de José Luis y la delegación de la CIDH en la capital del país, se expondrán los incumplimientos del mandatario estatal Rafael Moreno Valle y su gabinete ante la recomendaciones que emitió la CNDH respecto al violento ataque a pobladores de Chalchihuapan el 9 de julio del 2014, en la que perdió la vida el pequeño José Luis Alberto.

«Aquí no pasa nada, como va a reparar a vida de un ser querido, aquí Moreno Valle sólo causa muerte, eso es lo que vamos a denunciar en la Interamericana de Derechos Humanos».

Tamayo Montes, refirió que en el encuentro con especialistas de la Interamericana de Derechos Humanos que visitaron el país en los próximos días, expondrá el incumplimiento del mandatario para reparar el daño moral por la muerte de su hijo a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos instruyó 11 recomendaciones al mandatario estatal.

A su vez, rechazó que haya aceptado el ofrecimiento económico de un millón y medio de pesos, que el gobierno del estado le propuso para acallar su demanda: “el dinero no repara la vida de mi hijo y tampoco ha pedido disculpas públicas como se lo ordenaron”.

A este encuentro se sumar la petición de los integrantes de Puebla Libre para denunciar la represión contra críticos del sistema gubernamental estatal, el terrorismo, la ausencia del estado de derecho que se vive en Puebla y las graves violaciones a los derechos humanos en que ha incurrido la administración morenovallista.