El MAS anuncia una nueva embestida gubernamental contra activistas y críticos de Rafael Moreno Valle

En las últimas semanas, el gobierno estatal que encabeza el panista Rafael Moreno Valle Rosas ha desatado una nueva y brutal ofensiva contra activistas, luchadores sociales y estudiantes que se oponen a su gobierno y que han denunciado sus abusos en el estado.

Por principio de cuentas, desde el Movimiento de la Alternativa Social (MAS) denunciamos que el gobierno autoritario de Moreno Valle impidió por varios meses que el dirigente social Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”, recibiera atención médica especializada al interior del penal de San Miguel.

Esta situación derivó en complicaciones de salud en Simitrio hasta que la autoridad se vio obligada a sacarlo del reclusorio, sin avisar a familiares ni a comerciantes, para intervenirlo quirúrgicamente de última hora en el Hospital General del Norte.

Por otro lado, los siete estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), que han sido perseguidos y acusados con pruebas falsas de colocar petardos contra el metrobús y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral en junio pasado, se les fijó una fianza absurda y con dolo que en conjunto alcanza la cifra de 542 mil pesos, más de medio millón de pesos.

El recurso fue otorgado por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal –dentro del expediente 763/2015– el cual fijó un plazo de cinco días para que cada uno de los estudiantes pague una garantía de 77 mil 500 pesos.

Mientras que en esta misma semana, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA)denunció que se reactivaron las órdenes de aprehensión contra opositores a la instalación del Gasoducto Morelos, en zona de alto riesgo del volcán Popocatépetl.

Los perseguidos son: Adela Ramos Villalba, Eusebio Torres Aguilar, Alejandro Torres Xocolatl y Juan Carlos Flores Solís. Este último compañero, estuvo en prisión más de medio año, acusado de una serie de delitos por asesorar a campesinos del riesgo de la instalación de la obra.

Durante su visita a México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia solicitar medidas cautelares para los perseguidos y el derecho a la vida y seguridad del pueblo de San Lucas Tulcingo, así como de los opositores al gasoducto en Puebla.

En el caso de Simitrio y los universitarios, el organismo internacional emitirá un pronunciamiento la próxima semana, donde estos casos formarán parte del expediente de las violaciones graves a los derechos humanos en México, junto a Ayotzinapa y Tlatlaya.

En este mismo mes, Adán y Paul Xicale cumplen un año en prisión en el Cereso de Cholula, por defender la pirámide y el santuario de la virgen de los Remedios, así como el alcalde de La Resurrección, Leonardo Báez Serrano.

Mientras que Raúl Pérez Velásquez, edil de San Miguel Canoa, fue aprehendido en noviembre, también por exigir respeto y resguardar la identidad de sus pueblos originarios.

Sin embargo, es en Canoa donde se han presentado actos violentos, para reabrir las instalaciones de la presidencia auxiliar, a pesar de la oposición de los lugareños.

Ante lo expuesto demandamos:

1.- Que el gobierno del estado cese la represión en contra de sus opositores.

2.- Hacemos responsable a Moreno Valle de la salud de Simitrio y complicaciones que deriven de la intervención; así como de los presos políticos que no reciben atención médica debida.

3.-Que el secretario de Gobernación del ayuntamiento, Mario Rincón González, de solución a las demandas de la 28 de Octubre y responda al conflicto social en Canoa, donde podría haber un derramamiento de sangre.

4.- Al rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, que pague la fianza de los estudiantes para ser congruente con el discurso que ha venido manejando en apoyo de los jóvenes, quienes carecen de recursos para efectuarlo.

5.- Libertad absoluta a Adán y Paul Xicale, y a los alcaldes auxiliares, a quienes Moreno Valle les niega el acceso a la justicia a pesar que han ganado entre tres y seis amparos.

6.- A los aspirantes a ser candidatos a la minigubernatura, así como a los independientes, que figuen un posicionamiento en el tema de los presos políticos, la inseguridad, feminicidios y la pobreza en el estado, así como también, las reformas a la Ley Orgánica Municipal, Ley Bala, Ley Mordaza, Privatización del Agua, entre otras leyes opositoras a la ciudadanía.​