El gobierno en turno defiende, minimiza, huye, ante recientes linchamientos en el Estado

Funcionarios que huyen, diputados, edil capitalino, gobierno del estado, se escudan ante los hechos de barbarie cometida contra dos hermanos que realzaban encuestas en el poblado de Ajalpan en la Mixteca Poblana.

Ante los recientes incidentes de linchamientos –uno en la junta auxiliar de la Resurrección, otro más en la población de San Martin Texmelucan, y los dos encuestadores golpeados y convertidos en teas humanas en Ajalpan- en menos de una semana en el estado.

El mandatario poblano, Rafael Moreno Valle, minimizó el asunto bajo el argumento de que en “Puebla existe gobernabilidad” urgiendo la implementación del Mando Único Policial, que haría frente al alto índice de inseguridad que se vive en el estado; sin embargo, reconoció que los policías son constantemente rebasados por estos sucesos delincuenciales.

Para el encargado de la Secretaria General de Gobernación, Jorge Benito Cruz , la respuesta al linchamiento y posterior cremación pública en la plaza principal por pobladores enardecidos de los desafortunados jóvenes, fue su salida precipitada al término de un acto en la vieja casona de “La Marranera”, hoy Casa Aguayo.

En tanto, el edil capitalino, Antonio Gali Fayad se pronunció por las agresiones que sufrieron los ocho policías municipales y estatales durante el rescate de un asaltante golpeado por la población de la Resurrección, enardecida y harta de la inseguridad en el municipio y reprobando que los inconformes tomen justicia por su propia mano.

El diputado morenovallista, Francisco Rodríguez, acusó que los lamentables hechos sangrientos en la comunidad de la Mixteca, sólo son responsabilidad de los presidentes municipales quienes deben garantizar la gobernabilidad en sus demarcaciones y en defensa del gobernante panista en el estado.

Consignó que los tres hechos de linchamiento han sido en territorios priistas; sin embargo al legislador bajo las siglas del PAN, olvidó que uno de los tres incidentes sucedió en una demarcación administrada por el albiazul –la junta auxiliar de la Resurrección- cuyo presidente subalterno, Leonardo Báez Serrano, está encarcelado hace más de un año acusado por delitos fabricados por el poder en turno.