El alcalde de la capital, José Antonio Gali Fayad, reconoció los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para derogar los artículos de la denominada “#LeyAntibronco” que violaban las garantías de los ciudadanos que desean ocupar un cargo de elección popular, sin representar un partido.
Aunque mantuvo resistencia para declarar sobre las órdenes del Máximo Tribunal para facilitar las candidaturas independientes para el estado de Puebla y tumbar los cambios a la Ley Electoral que aprobaron los diputados locales morenovallistas del PRI y PAN, el alcalde aceptó que se deben atender las modificaciones.
¿El Congreso del Estado debe de reconocer el fallo?, le inquirieron.
-“Yo creo que ya llegó la decisión de la Corte y diputados deben de estar en la misma línea”, respondió.
Recordó que antes de abandonar su cargo para buscar ser el gobernador por un año 8 meses, presentará ante la ciudadanía las acciones de su gobierno y el segundo informe de labores.
Mientras, sobre los conflictos en el Sindicato Único de Trabajadores del ayuntamiento de Puebla “Benito Juárez”, dejó entrever su intervención para que no se den los cambios en el Comité Ejecutivo.
Por correo electrónico, en las últimas semanas, se notificó de las anomalías en el corporativo y de la salida del secretario general, Daniel Ortiz Acevedo, a quien se ha acusado de no atender los intereses de los trabajadores, por anteponer las órdenes del gobierno municipal.
Gali consignó que ha mantenido una reunión con el síndico, Héctor Sánchez así como Rafael Ruiz Cordero, el secretario de Administración, para intervenir y evitar nuevos movimientos.
Daniel Ortiz Acevedo llegó el 25 de mayo de 2014 a sustituir el cargo que ocupó Israel Pacheco Velázquez, quien fue detenido el 12 de abril de ese año, por presuntamente extorsionar al ex secretario general del gremio Ignacio Zaragoza –que el mismo creó para representar a las naranjitas-, Orlando López.
Ortiz Acevedo fue supervisor de personal en la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, dependencia a cargo de Rafael Ruiz Cordero, y el Comité Ejecutivo que integró el año pasado fue con empleados afín a la administración Galista.