Politica
02 diciembre 2015

Juez Federal Ordena Restitución del Inmueble tras Evidente Violación a Derechos Humanos en Caso de Desalojo Forzado de DDH

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by García R - 0 Comments
Juez Federal Ordena Restitución del Inmueble tras Evidente Violación a Derechos Humanos en Caso de Desalojo Forzado de DDH

* Juez Federal ordena restituir inmueble.

* Un día después el Juez local niega incidente para no cumplir con sentencia de Juez Federal.

* Juzgado local realizo orden de lanzamiento en 20 días. Incidente lo resuelve en 6 meses.

* Actuar ilegal del Juzgado l2 Especializado en Materia Financiera, avalado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla benefició a especuladores inmobiliarios.

El pasado 12 de agosto del presente año ejercimos nuestro derecho a la protesta ante el Tribunal Superior de Justicia para denunciar que en ese preciso momento se realizaba un desalojo forzado en contra de los defensores de los derechos humanos Guadalupe Mariel Bonilla Dumit e Israel Sampedro Morales por parte del Juzgado Décimo Segundo especializado en materia financiera representado por el Juez Ismael De Gante López. Ese día se denuncio ante Guillermo Morales Rodríguez, de la Secretaría Adjunta del TSJ, que se estaba llevando acabo un acto ilegal, ya que faltaba por resolverse un incidente de oposición a ejecución de de sentencia, el cual conforme a la ley aplicable al juicio, suspendía la ejecución de la misma. No obstante y a pesar de tener conocimiento de los hechos que se denunciaban en ese momento al representante de la presidencia del TSJ del estado de Puebla, negligente o aquiescente con el actuar de la parte contraria permitió que culminara el desalojo forzado, consintiendo la violación a derechos humanos.

Días después el presidente del TSJ declaró respecto al asunto:“este proceso se ha llevado con estricto apego a derecho”, pretendiendo con dicha declaración minimizar la gravedad del acto y legitimar el actuar inconstitucional del Juzgado en beneficio de especuladores inmobiliarios.

El pasado 30 de noviembre se notificó la sentencia del juicio de amparo 1866/2015, interpuesto contra la actuación del C. Juez Ismael De Gante López. Resolviendo el Juez de Distrito que “el juez responsable deberá dejar insubsistente la orden de lanzamiento y la ejecución de la misma, de modo tal que se restituya en la posesión de dicho inmueble a Bonilla Dumit, a fin de restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de derechos fundamentales; suspenda el procedimiento y una vez que resuelve el incidente planteado, proceda conforme a derecho. Es decir que al haber violentado derechos fundamentales la ejecución del lanzamiento ejecutado dolosamente el pasado 12 de agosto de 2015, este constituye un desalojo forzado, mismo que el derecho internacional considera una violación grave al derecho humano de la vivienda.

De manera perversa y ventajosa, después de seis meses, coincidentemente un día después de que es notificado el amparo concedido, el Juez Ismael De Gante López, notifico a los afectados la resolución del incidente de oposición a ejecución de sentencia como no probado, pretendiendo así no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Añadiendo de manera cínica:

“Esta sentencia se emite hasta esta fecha, en virtud, de la excesiva carga de trabajo del juzgado y por la complejidad del fondo del asunto, en atención a que se pretendía involucrar Derechos Humanos.” (Sic)

Con este párrafo queda claro el criterio con el que se administra justicia en el estado de Puebla bajo el consentimiento del Presidente del Tribunal Flores Toledano; pues la carga de trabajo es un argumento constante en la morosidad de impartición de justicia, no obstante la orden de lanzamiento se gestó de manera inmediata, ventajosa e incluso ilegal favoreciendo a la parte actora, se argumenta como justificación “que se pretendía involucrar derechos humanos”. Los cuales como ha quedado demostrado fueron violentados, ya que se aplico de manera conveniente la ley. Esto es así ya que para el desalojo forzado se aplica el Código de Comercio actual, y para negar el incidente se aplica el Código de Comercio anterior. Lo preocupante, lo indignante, es que este es un criterio constante cuya función resulta siempre favorecedora al enriquecimiento del mercado inmobiliario.

Los beneficiarios del actuar parcial de las autoridades son los especuladores inmobiliarios altamente organizados. Como en este caso, sostenemos la tesis de que María Levinia Arrellano Cabrera es un prestanombres que se colude con Fernando Javier Beltrán Villagra, titular del despacho Beltrán Villagra y Asociados Jurídico Empresarial, cesionarios de la empresa ZENDERE cuyos directivos fueron ejecutivos que laboraron en HSBC, antes BITAL, banco que originalmente otorgó el crédito hipotecario a los padres de Mariel Bonilla Dumit en 1990; para que con una inversión de $ 35 000,se adjudicara una vivienda, de la cual pretende un lucro hasta de más del 1000% de su inversión inicial. Constituyendo este actuar, que no es única ni aislada, una violación sistemática y estructural al derecho humano a la vivienda; ya que mientras el Estado siga conceptualizando a la vivienda en una lógica mercantil, lejos se estará de garantizar el cumplimiento de este derecho humano.

La denuncia de este caso se ha hecho llegar tanto al Congreso como al Gobierno del estado de Puebla sin que se haya brindado la atención correspondiente, incumplido así con las obligaciones que el derecho nacional e internacional señalan para el cumplimiento del derecho a la vivienda.

Es importante comentar que están por resolverse dos quejas administrativas. Una en contra del diligenciario José Martín Salazar, adscrito al juzgado décimo segundo, por actuar de manera abusiva, arbitraria e ilegal, al amenazar a Israel Sampedro con llevárselo detenido si gravaba la diligencia que llevó a cabo fuera de los preceptos legales y que no obstante fue consentida por el Juez y por el propio TSJ; así como queja administrativa contra del Juez Ismael De Gante López por no sujetar su conducta conforme a la ley, tal como ha sido ya señalado por el Juez de Distrito.

En nuestro país los criterios jurídicos respecto a la vivienda están enfocados al ámbito comercial, lo cual niega categóricamente su cumplimiento como derecho humano, mismo que debe estar basado en el trabajo y no en la especulación de las bolsas de valores de la oligarquía nacional y trasnacional. Sin duda esta situación se agravará en medida que la política neoliberal otorgue mayores concesiones económicas y legales a los desarrolladores inmobiliarios y a toda una red altamente organizada que pasa por lo público y lo privado, cuyas ganancias son a costa de un derecho fundamental como lo es la vivienda.

Por lo anterior hacemos un llamado a los afectados por los desalojos forzados y al pueblo en general a organizarnos creando comités populares para ejercer nuestro derecho humano a la vivienda.

García R

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