IBERO Puebla critica la violación sistemática de los Derechos Humanos

• “En Cholula se criminaliza la violencia, se encarcela y se persigue. Actualmente existen órdenes de aprensión contra defensores, pese a que ya no caben las personas en la prisión, existe maltrato y corrupción, pero eso nadie lo denuncia”, señalaron los Xicale”.

El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, realizó la Jornada por el Día Internacional de los Derechos Humanos con el objetivo de visibilizar la falta de garantías contra comunidades y personas en la región, México y el mundo. Ahí el Dr. Fernando Fernández Font, SJ señaló que uno de los objetivos de la IBERO Puebla es vincularse con aquello que está más allá de nuestras cuatro paredes.

En el marco de la campaña universitaria 2015 Por la Equidad, la Inclusión y la No Discriminación, de la IBERO Puebla, el Dr. Fernández Font comentó que el trabajo de esta cruzada ha sido muy acertada, ya que una universidad vale la pena cuando es capaz de ir gestando una nueva manera de concebir la realidad, de ser autocrítica.

El Rector de la IBERO Puebla enfatizó que los Derechos Humanos son una herida abierta en México y puntualizó que mientras siga habiendo una brecha salarial amplia y el sistema educativo de calidad no llegue a cada rincón del país, no podemos afirmar que existen los derechos humanos en el estado. “La lucha que se arma en diversas trincheras sirve para sembrar un grano de esperanza en nuestras sociedades”.

Durante la primera mesa de análisis se presentó el panel Soñar en colectivo: memorias del diplomado Derechos Humanos y Prácticas Comunitarias en la Región de Huayacocotla. En donde se presentaron experiencias de este curso. Este espacio estuvo a cargo del Padre Alfredo Zepeda González, SJ., Mónica López Cuétara de Radio Huaya y el Fomento Cultural y Educativo, A. C. Así como Filiberta Templos Nevado y Rodolfo Bibiano Jiménez, participantes del diplomado. También intervinieron Gaudel Reyes Lemus y Margret Michel Ramírez del IDHIE, SJ.

Posteriormente, se llevó a cabo el panel Territorialidades y despojo, el cual estuvo encabezado por el Dr. Oscar Soto Badillo, coordinador de posgrados de la IBERO Puebla y el Dr. Eduardo García Vásquez, coordinador de proyectos académicos del IDHIE, SJ y el Consejo Tiyat Tlali. Ahí el Dr. García Vásquez mencionó que el Gobierno Federal ha concesionado 34,343 hectáreas en 29 convenios con empresas privadas, marcando una dinámica de despojo y colonialidad de los espacios físicos. “La colonialidad no sólo habla del territorio, también aplica a cada persona, ocasionando una deformación del imaginario”.

La perspectiva de la lucha de los pueblos frente al despojo es la disputa por la tierra, por la historia, por un futuro posible, por la dignidad, en una etapa depredadora del modelo de acumulación capitalista y del violento sistema dominante de representación de intereses. “No es sólo un proceso económico, desde la dignidad humana, representa una lucha social contra la miseria y la devastación”, apuntó el Dr. Soto Badillo.

Finalmente, en un tercer panel se desplegó el informe ciudadano sobre la situación de los derechos humanos en Puebla. Éste giró en torno a tres temas seguridad pública, presentado por el periodista Ernesto Aroche de Lado B. Libertad de expresión que expuso Cuauhtémoc Cruz Isidoro del Portal de Transparencia Con los Ojos Abiertos. Derechos Humanos tema que expuso la Mtra. Galilea Cariño Cepeda, directora del IDHIE, SJ. En esta mesa también participaron miembros del Comité para la Liberación de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla e integrantes de la familia Xicale que hace unos días fueron puestos en libertad.

En materia de seguridad, Ernesto Aroche, comentó que el estado presenta un saldo negativo durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, ya que los índices delictivos han crecido, espacialmente los delitos de alto impacto y la violencia. Este hecho ha generado que las familias poblanas estén obligadas a desembolsar mayor cantidad de dinero para proteger su patrimonio. En el año 2011 se gastaron 1,933,675, 517 millones de pesos por parte de los ciudadanos para protegerse, para el 2014 el gasto alcanzó los 2,341,823 de pesos lo que representa un aumento del 21%.

El director de Lado B, subrayó que el costo del delito se ha incrementado, hecho que ha impactado en el gasto de los poblanos. “Actualmente, tenemos un incremento en la incidencia delictiva, en comparación con el último año del sexenio anterior. Datos del INEGI revelan que la cifra creció del 2010 al 2014 en un 47%, lo que representa 2.4 delitos por minuto, 147 por hora y 3 mil 541 por día”.

Por su parte, el titular del portal de transparencia Con los Ojos Abiertos, Cuauhtémoc Cruz, aportó elementos sobre la falta de libertad de expresión, las demandas a periodistas. El capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) calificó de preocupante la acción. De igual manera, habló sobre espionaje, criminalización de la protesta y el control de la agenda mediática.

En el tema de Derechos Humanos, la Mtra. Galilea Cariño resaltó los siete ejes que preocupan al IDHIE, SJ y en los que pone especial interés, estos son: niños, niñas y adolescentes, mujeres, migración, trata de personas, despojo, centros de readaptación y represión, criminalización y privación de la libertad. Temas que a lo largo del sexenio han sido una constante.

Para cerrar el programa, se presentaron Paúl y Adán Xicale, presos políticos que pasaron en la cárcel carca dos años por el simple hecho de defender el territorio y los usos y costumbres de las Cholulas. Ellos expusieron sobre la violación constante a sus garantías individuales por las autoridades y su afán por defender un proyecto inviable y que atenta contra la tradición de un pueblo originario.

Cabe señalar, que la finalidad de la jornada es generar un diálogo abierto con distintos actores para reflejar el panorama que existe en la entidad sobre la situación de los derechos humanos. Esto lleva a un propósito ulterior que implica la continuidad de la reflexión y de las necesidades de incidencia en políticas públicas para generar condiciones y espacios de garantía y protección de los derechos humanos.