Cinco años de represión, conclusión del primer análisis de los cinco años de gestión de Moreno Valle

A cinco años del gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla y a poco más de dos para que se realicen las elecciones para elegir el siguiente presidente de la República, en Puebla ha predominado una postura intolerante, insensible y lasciva hacia los ciudadanos que han manifestado oposición y/o crítica hacia las acciones impuestas por el mandatario estatal.

Para la presente fecha, en el estado hay un registro de 17 personas presas. 148 procesados, más de 81 órdenes de aprehensión libradas; respecto del número de presos, ha de sumarse un caso más, un hombre nonagenario Delfino Flores Melga quien murió en prisión; asimismo, el procesado Antonio Víctor Montes Contreras, poblador de la comunidad de Chalchihuapan falleció meses después de haber sido liberado, refiriendo sus familiares que las secuelas físicas y emocionales fueron un factor determinante en su deceso y el caso de Enedina Rosas Vélez quien demostró su total inocencia, quedando libre de todo cargo.

Las acusaciones, han oscilado desde lo absurdo como es el robo de celulares, hasta cargos graves como la conspiración, tráfico de estupefacientes, obstrucción a la vía pública o motín, por los que, los implicados pueden alcanzar hasta sesenta años de prisión. Así, los recursos jurídicos se manejan a modo para fabricar o deshacer expedientes según convenga al caso referido, incurriendo en un sinnúmero de violaciones al debido proceso, sin señalar la nula validez a sus derechos humanos.

En no pocos momentos el gobierno estatal ha terminado con la seguridad económica, la estabilidad familiar, la salud física y en el peor de los casos la vida. Es incuestionable que todos los señalados han sufrido embates económicos, bien sea por resguardar su libertad lejos de sus hogares, los amparos o por el pago de las fianzas, que oscilan desde los 10 mil pesos hasta el medio millón de pesos, representando mayor vulnerabilidad a la economía de madres solteras, hombres y mujeres con trabajos temporales, campesinos e indígenas.

Por otra parte, es claro que predomina una política que promueve el desarraigo forzado a la tierra, a los bienes comunales y al patrimonio individual y cultural, hecho que las comunidades siguen resistiendo, como ha ocurrido en la sierra norte a través de la obstrucción a los proyectos mineros, la fractura hidráulica y la instalación de termoeléctricas.

La oposición en la zona aledaña al volcán a la instalación de ductos que transportarán gas metano, pasando por una zona de riesgo volcánica; aquellos que luchan por la defensa de sus predios, caso emblemático del señor Delfino, defensa de un predio en particular que lo condujera a la muerte y que hoy día se encuentran en venta, y el caso de Cholula que permanece en pie de lucha evitando la construcción de un parque temático y/o un estacionamiento en la zona arqueológica.

El trasfondo de éstos hechos refleja una clara política de exterminio a través de la degradación del medio ambiente y por tanto de los recursos que de ella se obtienen, siendo el único sustento de vida de indígenas y campesinos, y por otro, una cerrazón absurda ante investigaciones científicas que demuestran el peligro de colocar un gasoducto en un volcán activo. Además, hay un claro desconocimiento del pasado histórico que impide valorar tanto el patrimonio tangible como el intangible.

En Puebla, trabajar dignamente como es el caso de los mototaxistas y transportistas urbanos es motivo de sanción y encarcelamiento, ser abogado y defender jurídicamente a algunos de los 1500 burócratas despedidos por el gobierno es motivo de persecusión, ser presidente municipal y defender los intereses de su comunidad, tiene como costo la libertad, el señalamiento y la persecución; oponerse a la privatización del agua es atentar contra la seguridad estatal. Aquellos que buscan ejercer sus derechos ciudadanos y reclamar la restitución de algún servicio y/o exigen el cabal cumplimiento de las funciones de algún representante público, son víctimas del poder y la supresión de sus derechos. Ser líder de algún movimiento y no ceñirse a las políticas dictadas, como es el caso del maestro Miguel Guerra y de Rubén Sarabia “Simitrio”, merece ser tratado como delincuentes.

Especialmente en el caso de la UPVA 28 de octubre, el gobierno estatal ha mostrado una política de represión obsesiva, aprehendiendo no solo a Rubén y a otro integrante más de dicha organización, la cual cabe señalar es una de las más fuertes y emblemáticas del país. Grave es, que, los lineamientos parecen indicar que busca el encarcelamiento de toda su familia, lo que ha conducido a que dos de sus hijos se encuentren en prisión y se hayan librado tres nuevas órdenes de aprehensión contra familiares cercanos. Esto evidencia que el gobierno estatal busca su inminente desarticulación.

Pero, estos no son los únicos opositores a las políticas morenovallistas, lo que quedó demostrado en las pasadas elecciones donde el estado se tiño de rojo, y no como una manifestación de un comprometido y convencido espíritu priísta, sino como una clara oposición al partido que el señor gobernador representa… Los hechos muestran que estamos frente a un gobierno que mientras desestima la vida, construye obras monumentales, en la mayoría de los casos innecesarias, que espera le sean aplaudidas; un gobierno que se encuentra lejos de generar políticas públicas efectivas e incluyentes.

La muerte de siete poblanos, dos de ellos señalados al inicio de este texto, dos el pasado 7 de junio en el marco de la contienda electoral, otros dos en condiciones extrañas después de haber criticado políticas del estado, y la más lamentable, la pérdida de vida de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, como consecuencia del uso de las balas de goma. Lo anterior descrito lastima, duele por la manipulación, la mentira y el dolo con el cual el mandatario y sus instancias se han conducido, éste dolor del que se habla no paraliza, sino por el contrario es el motor para exigir una explicación certera de los hechos y en los casos que el gobierno ha tenido injerencia una disculpa pública.

Apartado especial merecen los 22 estudiantes que han sufrido detenciones, violaciones a sus derechos humanos, levantamientos y acusaciones infundadas, ello como consecuencia de mantener una postura crítica tanto al gobierno federal como al estatal.

En medio de todo esto, la situación se agrava cuando surgen propuestas legales que inhiben un derecho fundamental como la libertad de expresión y manifestación; así pues, la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública”, simplificada como la “Ley bala”, fue propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle el 7 de mayo de 2014 y aprobada por el Congreso el día 19 del mismo mes, que para ese momento el tercer punto enunciaba el uso de armas incapacitantes no letales y el cuarto permitía la utilización de armas de fuego o de fuerza letal.

En días posteriores se eliminó el último punto debido a la fuerte crítica social, lo cual no impidió que en la represión policial del 9 de junio de 2014 en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan (donde los pobladores pedían la restitución del servicio del Registro civil) “al utilizar armas incapacitantes no letales” se suscitara la ya mencionada muerte del niño Tehuatle Tamayo.

La versión oficial del gobierno del Estado en todo momento fue que la víctima había perecido como consecuencia de la onda expansiva de un cohetón lanzado por los propios pobladores.

No fue sino hasta la intervención de la CNDH y el señalamiento que el niño había sido impactado por uno de los 63 proyectiles disparados, cuando el gobierno estatal sin más opción, reconoció lo realmente ocurrido.

Este hecho ilustra una vez más la nula sensibilidad política, el desprecio a la vida o la producción de muerte, la capacidad de manipulación de las instituciones con tal de sostener una versión oficial que el Estado mismo sabía que era una mentira, el dolo y la perversidad en el intento de negociación con la madre del menor; y por último, el toque de desprecio, pues pese a las recomendaciones emitidas por la CNDH, la respuesta del gobierno estatal fue una nueva ola de aprehensiones contra los pobladores de Chalchihuapan.

Otros afectados que si bien no perdieron la vida, es importante señalar fueron Hugo Jiménez Varela, quien perdió un ojo, Martín Romero Montes quien perdió parte de la mandíbula, la lengua y por tanto el habla, Gilberto Varela quien perdió sensibilidad en una mano, Vicente Tecalero quien perdió audición, Filemón Pacio, quien también perdió audición, y recibió un fuerte golpe en el pecho y por último Juan Xelhua Ocotl, quien perdió parte de la vista.

Así, un gobierno cerrado al diálogo no verá otra salida que no sea la generación y el aval de prácticas autoritarias que se vuelven cotidianas en el ejercicio del poder.

En este eje represor se legisló una nueva ley propuesta por el diputado panista Eukid Castañon Herrera, la “Ley Antigraffiti”, aprobada el 11 de marzo del 2015, establece que se sancionará de tres a seis años de prisión a quien pinte o dañe inmuebles públicos o privados.

El pasado 3 de mayo, el subdirector de la policía municipal de San Pedro Cholula, mató de un disparo en la nuca a Ricardo Cadena Becerra, quien en un primer momento se afirmó pretendía realizar un graffiti con un gis, para posteriormente retractarse y señalar que el joven no era graffitero y el arma se había accionado accidentalmente.

El hecho no se ha esclarecido en su totalidad, lo cierto es que, el uso de armas de forma indiscriminada, la creación de leyes que en lugar de proteger a los ciudadanos fortalezcan las instituciones de poder, no es la solución para un estado como Puebla y solo se vulneran las garantías individuales de los poblanos.

Por tanto, si el hostigamiento y la violenta criminalización de la protesta social se presenta como solución, Rafael Moreno Valle deja claro que las causas sociales a las cuales aluden los diferentes tipos de protesta individual o comunal no solo no serán resueltas, ni siquiera serán escuchadas, a cambio, caerá todo el peso de la “ley” para quien disienta y se manifieste… Además, la designación de Rodríguez Almeida frente a la Secretaría de Seguridad Pública es un claro mensaje del recrudecimiento a la represión que seguiremos padeciendo. Y por último, hace dos días, el nombramiento de Víctor Carrancá Bourget como Fiscal General del Estado por los próximos siete años, es una clara muestra de un autoritarismo solapado.