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10 febrero 2016

Al Senado de la República informe sobre la existencia de tortura

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by García R - 0 Comments
Al Senado de la República informe sobre la existencia de tortura

México (10 de febrero de 2016).- Hace casi un año, el 9 de marzo de 2015, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos el informe sobre México que constata la existencia de tortura y malos tratos generalizados en nuestro país. En ese mismo informe el Relator señaló la existencia de “serios problemas en las condiciones de detención”, así como el contexto de impunidad en el que ocurren dichas prácticas. Finalmente elaboró recomendaciones inter alia dirigidas al Congreso de la República a ­n de contar con una estructura normativa adecuada y coherente para la erradicación de la tortura en México.

Como comprenderán las y los Senadores, la responsabilidad de legislar a ­n de prevenir la práctica de la tortura en México se proyecta no solamente a través del sistema acusatorio incorporado al Código Nacional de Procedimientos Penales, ya aprobado, y de la Ley General contra la Tortura, sino también de la Ley

Nacional de Ejecución Penal. Dicho lo anterior, y con la certeza de que el estudio y la expedición de la legislación pendiente serán prioridades en la agenda del Senado en el periodo de sesiones que acaba de iniciar, llamamos su atención sobre los siguientes puntos:

– La iniciativa de Ley General contra la Tortura presentada por el Presidente de la República el día 10 de diciembre de 2015 es de­ciente e inefectiva por diversas razones ya señaladas públicamente por un grupo amplio de organizaciones de derechos humanos el día 3 de febrero del año en curso. Destacamos aquí la imperiosa necesidad de que la Ley General contra la Tortura incluya preceptos para la exclusión de la prueba ilícita.

– La iniciativa de Ley Nacional de Ejecución Penal debe establecer mecanismos de protección judicial y las vías de acceso a ellos por parte de la población penitenciaria sin discriminación en razón de la situación jurídica de las personas; así como los mecanismos de monitoreo y control civil necesarios para prevenir la tortura y los malos tratos dentro de las prisiones. Ello en sintonía con lo que ha sido expresado por las “Madres y hermanas de la Plaza Luis Pasteur”, las organizaciones de la sociedad civil y el documento enviado a su o­cina por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana,

Ciudad de México.

Estimamos fundamental, por una parte, que en el Senado se mantenga abierto el proceso legislativo a la participación de sociedad civil y la academia hasta la redacción ­nal de ambos proyectos legislativos y, por otra, que las iniciativas eventualmente aprobadas sean conformes con los estándares establecidos en los tratados y demás instrumentos internacionales en la materia, de acuerdo con el artículo 1º constitucional.

Atentamente,

Denise González Núñez

Programa de Derechos Humanos Universidad Iberoamericana Ciudad de México Universidad Iberoamericana Tijuana

Iliana Galilea Cariño Cepeda

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana Puebla

Carlos A. Peralta Varela

Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz Instituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de Occidente

Roberto Giacomán Gidi

Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz

Universidad Iberoamericana Torreón

Viridiana Cadena Vázquez

Programa Estudio de Paz y Desarrollo Universidad Loyola del Pací­co

Cesar Octavio Palacios González

Director Instituto Intercultural Ayuuk

García R

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