Para los integrantes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS), en voz de Marco Mazatle, el nivel de descomposición que atraviesa el gobierno de Rafael Moreno valle es irreversible, ante la escalada de los simples asaltos a los robos con violencia, secuestros, calcinados, linchamientos y ejecuciones en balaceras que ocurren en pleno centro de la capital.
Los activistas críticos del sistema gubernamental morenovallista, acusaron que mientras el estado de Puebla se derrumba en la ingobernabilidad, el Ejecutivo panista recorre el país en su desmedida ambición por obtener la candidatura presidencial por Acción Nacional (PAN).
Recordaron que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en este sexenio, los homicidios aumentaron en un 77.1% en Puebla, y en el primer semestre del año se reportaron 327 casos, de los cuales 205 fueron ejecuciones con arma de fuego.
Los dirigentes refirieron que en la administración de Moreno valle se han contabilizado dos ejecuciones contra el mismo número de ediles- José Santamaría Zavala, de Huehuetlán El Grande, y José René Garrido Rocha, de San Salvador El Verde –; así como también contra los ex munícipes que respondieron a los nombres de Neftalí Hernández Mejía, de Domingo Arenas, y Tarcisio Lorenzo Marcos, de San Felipe Xochiltepec.
Reprocharon que en una campaña adelantada del gobernador poblano por México, éste mantenga en el olvido a los Poblanos sin dar solución a las demandas de la ciudadanía que exigen empleo, salud y mejores condiciones de vida por lo que solicitan al Senado de la República se inicie una auditoría a la actual administración, así como un proceso legal por los altos índices de corrupción en Puebla, que dejarán una deuda pública mayor a los 70 mil millones de pesos.
En un breve balance de la administración panista en el estado, los del MAS, acusaron la presencia de bandas del crimen organizado que han sembrado el terror en zonas como el “Triángulo Rojo”, conformado por los municipios de Acatzingo, Palmar de Bravo, Quecholac, Tepeaca y Acajete, por la disputa del robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Así como también la lucha por el control del trasiego de la marihuana, la cocaína y la trata de personas, amenazando de muerte a una docena de alcaldes y a sus familias completas.
En contraparte-refirieron- el gobierno morenovallista se ha ensañado con la edil de Tehuacán, Ernestina Fernández, a quien ha bloqueado con obras públicas y de manera política, incluso utilizando algunos medios de comunicación para denostarla, rayando en la violación de los derechos humanos de esta mujer, tal es el caso de los seis alcaldes del PRD, contra quienes el Congreso del estado inició un proceso administrativo por no respaldar la candidatura del panista Antonio Gali Fayad, hoy gobernador impuesto en Puebla.