Gobierno
22 enero 2018

Inconstitucionalidad el cobro del agua potable y alumbrado público: Violeta Lagunes

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by García R - 0 Comments
Inconstitucionalidad  el cobro del agua potable y alumbrado público: Violeta Lagunes

Para los integrantes de “Todos para Todos”, los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y alumbrado público que se prestan en todo el Estado de Puebla, “son pésimos, no solamente por la insuficiencia de éstos servicios, sino por la insuficiencia en su prestación, sobre todo en los últimos años, en los que además hemos padecido de inundaciones en Puebla Capital derivadas de las obras morenovallistas”.

La vocera de la organización, Violeta Lagunes Viveros   resaltó  que  los cobros por estos servicios son excesivos e inconstitucionales, sobre todo después de que el Congreso local aprobó la reforma a la Ley de Agua, el 12 de septiembre de 2013 ; “ pues se concesionó el servicio especialmente a una empresa que impone tarifas, suspende el servicio y embarga a morosos, empresa que inicialmente se dio a conocer como Concesiones Integrales, y posteriormente se transformó en Agua de Puebla y que es propiedad de Carlos Hank González, que obtuvo un contrato para administrar durante 60 años no sólo el suministro de agua, sino también el servicio de alcantarillado, con el pretexto de que había fallas del Sistema Operador de Agua de Puebla y baja recaudación. A partir de esa fecha los costos se han aumentado hasta en 400%”- sostuvo la ex legisladora-.

La  activista advirtió  sobre  un “temor fundado” de que las plantas armadoras de autos asentadas en Puebla, la extracción de gas y petróleo mediante fractura hidráulica o fracking dejarán sin agua a Puebla, especialmente a los pueblos originarios de la Sierra Norte.

Asimismo dijo que el Congreso del Estado indebidamente establece anualmente para cada uno de los 217 municipios y para el Estado, así como sus concesionarios, “cobros” por concepto de alumbrado público y multas y recargos sin considerar que éstos son violatorios de tratados internacionales y la Carta Magna.

“De esta manera, hacemos un exhorto al Congreso del Estado de Puebla, a que se abstengan de aprobar leyes inconstitucionales, y a los Presidentes Municipales en el Estado de Puebla, especialmente a Luis Bank, alcalde de Puebla, y a las empresas concesionarias de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y alumbrado público, a que dejen de cobrar impuestos inconstitucionales, y al contrario, mejoren substancialmente la prestación de estos servicios públicos pues es un derecho universal el acceso y disfrute de toda persona al agua potable y una medida preventiva en materia de seguridad pública, así como una garantía al derecho a la movilidad, la existencia de alumbrado público en todas las vialidades”.

Detalló  que  en el caso de Puebla Capital, se han maquillado las cifrasen el rubro de alumbrado público ; “ pues si bien Citelum, señala que sólo el 3% de los capitalinos no cuenta con este servicio , el alcalde Luis Bank pretendió contraer una deuda por 800 millones de pesos, entre las que se incluía aumentar el número de luminarias en la Ciudad de Puebla; asimismo,  Citelum, cobra 155.6 millones de pesos anuales por servicios de mantenimiento, modernización, complementación y renovación del alumbrado público, por los que aún le debemos 239.9 millones de pesos”.

Antecedentes

Agua Potable.- Los cobros con carácter de créditos fiscales son violatorios de la Constitución Política Federal, ya que no le está permitido a los Estados el cobro de gravámenes, impuestos, contraprestaciones y créditos fiscales sobre el agua y alcantarillado, por invadir la esfera de competencias de la Federación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Aguas Nacionales y el artículo 27 en sus párrafos 4 y 5 de la Constitución Federal, así como los diversos 1, 2, 3, 4, 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”; 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 25 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010 aprobada por la Asamblea General de la ONU el de julio de 2010 (Derecho Humano al agua y al saneamiento), la Observación General número 15/2002 sobre el Derecho al Agua del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, así como diversas jurisprudencias sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por constituir una atribución de los órganos de la Federación prevista en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Federal y 76 del Código Fiscal de la Federación, entre ellas, la jurisprudencia titulada: “AGUAS DEL SUBSUELO. LAS LEYES

LOCALES QUE ESTABLECEN CONTRIBUCIONES SOBRE SU USO Y APROVECHAMIENTO INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION”.

Por otra parte, de acuerdo con una jurisprudencia sustentada por el Pleno de la SCJN desde el año 1988, de rubro: “ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CODIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica. Por esta razón, si como en el caso de Puebla, los códigos y leyes prevén que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomando como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público.

García R

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