Un bebé abandonado en medio de escombros y cenizas. Los niños siguen un juego. Los adultos incrédulos ante la tragedia.
Un terreno vacío, algún calzado sale de entre la tierra, un lapicero, una hoja de papel cuyas letras ya se borraron.
La muchedumbre viola la zona acordonada y va dispuesta a pelear los terrenos que delincuentes les arrebataron el 30 de octubre, cuando una explosión de gas lp los desalojó en plena madrugada.
Cinco personas han perdido la vida y casi 200 familias un hogar donde vivir, rechazando las alternativas que da el gobierno del estado porque ofrece casas “pequeñas”- un lote de 80 metros cuadrados-, lejanas a la zona centro y sin servicios.
Las madres y sus hijos llegaron a ese terreno hecho polvo y anclaron casas de campaña amagando con que ahí se quedarían a dormir; exigiendo que cerca de los ductos -sin importar el riesgo- les restituyan sus viviendas.
El gobernador Miguel Barbosa dijo que no lo hará porque es una zona irregular, pero los vecinos lo desmienten y piden pruebas.
Los lugareños se adueñan de su espacio, de pie, sentados, sobre una carriola con la esperanza de regresar a la normalidad.
